El Congreso, con las oposiciones por distinto motivo del PP y de Esquerra Republicana, aprobó el proyecto de Ley de la Memoria Histórica con una sonora ausencia, la de su promotor, José Luis Rodríguez Zapatero. La norma mereció reparos de todos los grupos, salvo del socialista, pero contó con el voto favorable de los nacionalistas e IU. Los populares justificaron su rechazo porque rompe el consenso de la transición y es innecesaria, mientras que los republicanos se opusieron porque creen que perpetúa la impunidad del franquismo.
Todo comenzó un primero de junio del 2004. Aquel día, el Congreso, a propuesta de Esquerra Republicana e IU-Iniciativa per Catalunya, instó al Gobierno a presentar un proyecto de solidaridad con las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura. El Ejecutivo se tomó su tiempo y tardó dos años en redactar el texto. El 14 de diciembre pasado, la Cámara admitió la iniciativa y ha sido necesario casi un año de negociación que cristalizó ayer con la aprobación del proyecto de «ley por el que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura».
Ausencia del presidente
Pese a ser uno de los proyectos estrella del Gobierno, su presidente no acudió a la votación y el Ejecutivo estuvo representado por la vicepresidenta y los titulares de Educación, Fomento, Trabajo, Medio Ambiente y Vivienda.
Desde la dirección del Grupo Socialista se apuntó que no acudió porque preparaba su comparecencia vespertina sobre la crisis ferroviaria en Barcelona. La vicepresidenta primera intervino en el debate para resaltar el valor que da el Gobierno a la norma, pese a la ausencia de su máximo responsable, y subrayó que el texto no tiene «ni una sola línea que no pueda ser respaldada por cualquier demócrata». María Teresa Fernández de la Vega lamentó que quienes pretenden «hacer del día noche», en alusión al PP, hayan lanzado «muchas sombras» sobre el texto porque creen que «cerrando las ventanas y apagando las luces se puede cambiar la realidad».
Eduardo Zaplana basó la «firme oposición» del PP en que el proyecto rompe «la herencia de consenso con que se construyó la transición», es una norma «innecesaria y perjudicial para la convivencia nacional», y pretende «hacer borrón y cuenta nueva del pacto de la transición».