En la «pelea» por su soberanía sobre las islas Malvinas el país sudamericano está hostigando a la flota gallega que opera en las inmediaciones del archipiélago.
17 ene 2012 . Actualizado a las 15:09 h.La Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Merluza (Anamer), que agrupa a los empresarios de buques españoles que faenan en aguas del Atlántico suroccidental, ha reclamado al Gobierno acciones para rebajar la tensión con Argentina, que en su pelea por su soberanía sobre las islas Malvinas está hostigando a la flota gallega que opera en las inmediaciones del archipiélago y emplea el puerto de Montevideo como base de sus operaciones.
El problema del acoso por parte de las patrulleras argentinas a la flota que navega por el canal que separa el país que preside Cristina Fernández de Uruguay subió de intensidad el sábado pasado, cuando el Villa Nores, un barco con base en Marín, tuvo que regresar a Montevideo escoltado por un avión de patrulla uruguayo después de que las autoridades argentinas lo acusasen de haber entrado sin permiso en sus aguas jurisdiccionales. Y aunque su armador, Manuel Nores, reste importancia al episodio -«todo es política, no le doy importancia porque igual es peor», dijo-, lo cierto es que en Anamer se confiesan «preocupados», admite José Ramón Fuertes, presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo. Fuertes subraya que un conflicto político no puede perjudicar a la empresa privada como lo está haciendo y reclama intervenciones para certificar que se garantice el derecho a navegar por aguas internacionales.
Problemas serios
También los titulados náuticos agrupados en Aetinape comparten la preocupación de Anamer. Y no solo por el acoso a la flota de pabellón español que navega por la zona fronteriza entre Argentina y Uruguay, sino también por la prohibición de que cualquier buque con bandera británica o de las islas Malvinas recale en puertos uruguayos. Ocurre que tras esa bandera se escudan varios armadores gallegos. «Se isto segue así podería haber problemas serios e de consecuencias graves para o emprego en Galicia e sobre todo no Morrazo e a provincia de Pontevedra», explicó José Manuel Muñiz, presidente de Aetinape.