Miles de gallegos reclaman los impuestos cotizados a ese país
09 dic 2011 . Actualizado a las 06:00 h.Sin solución aparente a sus reivindicaciones y en vía muerta a la hora de proseguir su lucha. Este es el punto en que se encuentran alrededor de 7.000 marinos españoles que trabajaron en Noruega antes de 1994 -el 90 % son gallegos- y a los que el país nórdico niega una pensión y la devolución de los impuestos que le pagaron. La Comisión Europea se ha declarado esta semana incompetente para forzar una solución entre España y el Gobierno de Oslo, y todo parece indicar que solo les queda apelar al Defensor del Pueblo de la UE. La indignación es el sentimiento más generalizado entre los afectados, que reclamaron a los dos Estados implicados que recapaciten y subsanen lo que el Parlamento Europeo calificó en su día de «injusticia social».
Un numeroso grupo de los afectados gallegos, agrupados en la asociación Long Hope, lidera las reivindicaciones. Sus representantes acudieron a las máximas instancias europeas para lograr un acuerdo con Noruega. Se fueron esperanzados en abril pasado tras la audiencia de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, cuyos integrantes les dieron su respaldo por unanimidad. Incluso escribieron una carta recomendando a España y a Noruega la firma de un acuerdo que pusiese fin a esta discriminación de derechos.
El eurodiputado socialista español Alejandro Cercas fue el encargado de comunicarles las malas noticias. Su portavoz les indicó que «la Comisión no tiene medios para forzar al Gobierno noruego para hacer cumplir sus derechos». Para el presidente de Long Hope, Ricardo Lustres, esta respuesta, ofrecida a Cercas por el comisario de Empleo y Asuntos Sociales, Laszlo Andor, incrementa la sensación de desamparo del colectivo.
El problema se originó en la restrictiva legislación noruega previa a 1994. Para poder cotizar a la Seguridad Social era necesario ser residente en el país escandinavo. Los españoles no lo eran, pero sus empresas, con el beneplácito de las autoridades noruegas, les retiraban de sus nóminas las cantidades correspondientes a los tributos que la Administración escandinava recibía. Los afectados, actualmente con una media de 82 años de edad, denunciaron que cuando se jubilaron, Noruega no les reconoció ningún derecho a pensión. Tampoco les devolvió lo que entienden se les cobró injustamente, ya que si tributaron allí fue por imposición de sus empresas.
En su último pronunciamiento, Andor fue tajante. Anima a los dos países implicados a solucionar el conflicto «con ánimo de justicia social», pero recalca que la Comisión «no tiene ninguna competencia para pedir a los Estados miembros implicados que lleguen a un acuerdo».
«La Comisión no tiene competencia para pedir a los Estados implicados un acuerdo»
Laszlo Andor