La Fiscalía General del Estado ha decidido remitir a la Fiscalía Anticorrupción la documentación enviada a mediados del mes de octubre por el sindicato CIG sobre Novacaixagalicia, en la que argumentaba el «posible pago irregular» de indemnizaciones multimillonarias a varios de sus consejeros y la presunta existencia de «mala gestión» por parte de la dirección de la entidad financiera gallega.
La denuncia enviada al ministerio público está dirigida contra toda la cúpula directiva de la entidad, a raíz de la aparición de las informaciones en las que se revelaban los cobros millonarios de varios ejecutivos de la caja fusionada, y también después de que el FROB desvalorizase la entidad financiera gallega en un 83% sobre la tasación que hacían sus propios directivos.
Según el secretario nacional de CIG-Banca, Clodomiro Montero, la Fiscalía General del Estado informaba en un escrito recibido esta semana en el sindicato que se había trasladado toda la documentación a la Fiscalía Anticorrupción, para conocimiento de esta y dilucidar si iniciará una investigación a petición del sindicato o si la archivará por falta de fundamento para comenzar las pesquisas del ministerio público. La carta de la Fiscalía está fechada en Madrid el pasado 2 de noviembre, si bien la orden directa del fiscal general del Estado fue firmada, al parecer, al 19 de octubre pasado.
La investigación que podría a partir de ahora iniciar la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado tiene su origen en la extensa documentación enviada por la CIG, que solicitó con urgencia la apertura de un expediente en cuanto saltó el escándalo de los pagos multimillonarios a varios consejeros, a principios de octubre, y después de conocerse que el FROB tasaba el valor de la entidad en poco más de 180 millones de euros.
Así las cosas, en este momento este fondo público es, de hecho, el accionista mayoritario, a la espera de que se incorporen socios privados en las próximas semanas a su heredera: Novagalicia Banco. La documentación de la CIG aludía, sin citar explícitamente a ningún componente de la cúpula directiva, a la mala gestión de los ejecutivos y a las posibles irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones al frente del consejo de administración.
Queda por ver si la Fiscalía Anticorrupción ve indicios de delito para iniciar una investigación por la documentación inicial o incluso si requiere más datos al denunciante para decidir si actúa o no a instancia de parte. A juicio de Clodomiro Montero, «a carta da Fiscalía na que se anuncia a remisión da documentación a Anticorrupción é unha boa noticia, porque nós criamos que estaba arquivada, e o feito de que de traslado á Fiscalía especial pódese considerar un bo sinal».