Salgado insinúa un aumento de la presión fiscal de las grandes fortunas
25 ago 2011 . Actualizado a las 06:00 h.Apenas un año después de la entrada en vigor de la última reforma laboral, el Ejecutivo aprobará mañana nuevos cambios para incentivar la creación de empleo. De acuerdo con el borrador del decreto, las intenciones del Gobierno pasan por permitir, de manera temporal, la encadenación sin límites de contratos temporales y por ampliar la edad de los trabajadores con contratos de formación hasta los 30 años, frente a los 25 actuales.
Soluciones que, una vez más, no convencen ni a sindicatos ni a empresarios. Mientras estos últimos consideran que se quedan cortas, y lamentan que el Ejecutivo haya dado marcha atrás en sus propósitos de flexibilizar el contrato a tiempo parcial, las centrales se oponen frontalmente a la intención del Gobierno de suspender durante un plazo de dos años el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, que protege frente al encadenamiento abusivo de contratos temporales. Con la norma en vigor, un empleado que ha permanecido más de 24 meses de un período de 30 desempeñando la misma o diferente función en la misma empresa o en una sociedad del mismo grupo, y encadenado dos o más contratos temporales, accede a la condición de fijo.
El secretario de acción sindical de UGT, Toni Ferrer, asegura que esta última iniciativa, supone «apostar directamente por la temporalidad y el empleo de mala calidad y con menos derechos». Las centrales también han mostrado su disconformidad con la propuesta de que, durante los próximos dos años, los contratos de formación -que pueden ser remunerados con 641 euros al mes, el salario mínimo interprofesional- se puedan realizar con trabajadores de hasta 30 años. El límite inicial estaba en 21 años, pero la crisis y la dramática situación del mercado laboral llevó a extender esa edad hasta los 25 con el tope del 31 de diciembre próximo. Ahora se contempla saltar ese techo hasta el 2013 incluido.
Para el homólogo de Ferrer en CC.?OO., Javier Doz, las medidas del Gobierno en materia laboral y económica «no satisfacen ni de lejos» las propuestas de los sindicatos. En un comunicado, la central subrayó que los cambios «solo estimulan la temporalidad y la precariedad», que son «las grandes lacras» del mercado laboral español.
Por su parte, el secretario general de la CIG, Suso Seixo, reprochó al Gobierno su actitud de «venta total a los intereses de la banca y de las grandes empresas multinacionales» por adoptar medidas que solo benefician a estas a costa de «agravar» las condiciones laborales de los trabajadores.
Rentas altas
Mientras tanto, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, dejó ayer abierta la posibilidad de que el Consejo de Ministros apruebe mañana un aumento de la presión fiscal a las grandes fortunas, aunque rechazó la creación de una nueva tasa antes de que acabe la legislatura, porque no daría tiempo. En una entrevista radiofónica, la ministra apuntó que ningún rico de España ha pedido por escrito al Gobierno que le suban los impuestos, como sí ha ocurrido en otros países. Sin embargo, a la pregunta de si hay tiempo para aumentar la presión fiscal que ya tienen las grandes fortunas, Salgado respondió: «Bueno, permita que esperemos al viernes».