La empresa de energía Galp acaba con «la acción de oro» del Estado portugués

EFE

ECONOMÍA

El Estado luso deja de tener derechos especiales para nombrar al presidente del consejo de administración y pierde el derecho de veto en las deliberaciones.

03 ago 2011 . Actualizado a las 17:51 h.

La empresa portuguesa Galp Energía aprobó hoy por unanimidad la eliminación de los derechos especiales del Estado luso en la compañía, después de que el Gobierno portugués se comprometiese a acabar con estos privilegios a cambio del rescate financiero.

La Asamblea General de accionistas de la compañía decidió acabar con la llamada «acción de oro» que tenía el Estado portugués, en una reunión en la que estuvo presente más del 80 por ciento del capital de la firma, según el presidente de la Asamblea, Daniel Proenca de Carvalho.

De este modo, el Estado luso deja de tener derechos especiales para nombrar al presidente del consejo de administración y pierde el derecho de veto en deliberaciones que pudiesen poner en riesgo la seguridad del abastecimiento al país de petróleo, gas, electricidad o productos derivados de éstos.

Los trabajadores de Galp lamentaron la decisión de la empresa y advirtieron que ahora se queda a merced de los «arreglos entre accionistas» y de «intereses extranjeros», que consideran contrarios a los nacionales.

Galp, la mayor empresa energética de Portugal con una capitalización bursátil de 11.891 millones de euros, tiene como principales accionistas a Amorim Energía, sociedad portuguesa con sede en los Países Bajos, y la eléctrica italiana Eni, ambas con un 33,34 %.

La empresa Parpública, que gestiona las participaciones estatales, con un 7 %, y la pública Caixa Geral de Depósitos (CGD), con un 1 %, conforman el resto de participaciones relevantes.

El fin de la acción de oro, un instrumento de control estatal sobre los sectores claves del país que ya fue rechazado por Bruselas por considerar que atenta contra la libre competencia, es una condición del programa de rescate a Portugal, valorado en 78.000 millones de euros procedentes de la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El pasado julio, la operadora Portugal Telecom (PT) también terminó con los derechos especiales que tenía el Estado, que había permitido hace un año bloquear la venta de la brasileña Vivo a la española Telefónica.

Para cumplir con lo pactado con la UE y el FMI, el nuevo gobierno luso, de coalición conservadora, seguirá con la eliminación de los privilegios en empresas como la eléctrica Energías de Portugal (EDP), antiguo monopolio estatal, y con la privatización de la aerolínea nacional TAP y la distribuidora de energía REN.