Se acabó el período de gracia. Los empresarios que no hayan aprovechado los tres meses otorgados por el Ejecutivo para regularizar voluntariamente a los trabajadores que no estuvieran dados de alta en la Seguridad Social, se enfrentan ya a multas cinco veces más cuantiosas que las vigentes hasta el 31 de julio. Es decir, que el empleo sumergido o en negro se castigará con sanciones de entre 3.126 y 10.000 euros.
En virtud de la plena aplicación del real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de abril para regularizar y controlar el empleo sumergido, también se penalizará con dureza a quienes cobren la prestación por desempleo (u otras de la Seguridad Social) mientras paralelamente trabajan de forma fraudulenta. En este caso, y en función de la gravedad de la infracción, las sanciones irán desde los 10.001 euros hasta los 187.515.
Fuentes de Trabajo señalaron ayer -como ya había avanzado el ministro, Valeriano Gómez- que no se darán datos hasta septiembre sobre las regularizaciones realizadas durante el período de gracia.
El plan contra el empleo irregular había sido objeto de críticas, especialmente sindicales que, entre otras cosas, se oponían al aplazamiento de la entrada en vigor de las nuevas sanciones, por entenderlo una suerte de «amnistía» que Gómez siempre negó. Desde UGT, la secretaria para la Igualdad, Almudena Fontecha, puso ayer en duda la efectividad del plan por la «falta de recursos» para su control por la inspección.