El Gobierno gallego regulará la telefonía móvil y primará el arbitraje en la ley del consumidor
ECONOMÍA
La nueva Ley de Protección del Consumidor que prepara el Instituto Galego de Consumo tendrá un apartado especial para la regulación de la telefonía móvil y primará en todos los sectores los servicios de arbitraje y mediación para la resolución de conflictos.
Lo avanzó ayer en Pontevedra el conselleiro de Industria, Javier Guerra, durante la presentación de un convenio con la Diputación para reforzar los servicios de consumo del organismo provincial (informa A. Castroverde). Guerra matizó que el texto legal «contribuirá a agilizar los procedimientos de solución de conflictos a través de la mediación y el arbitraje».
Y explicó que se creará la figura del mediador para «tratar de evitar, como paso previo, llegar a un procedimiento de arbitraje, introduciendo un procedimiento pionero para llegar a acuerdos».
El Instituto Galego de Consumo mantiene abierta una campaña de inspección en el sector eléctrico, que ya ha provocado la apertura de dos expedientes sancionadores, uno por falta de colaboración y otro por publicidad engañosa, y pretende mejorar ahora los mecanismos de control sobre las operadoras de telefonía, que no están debidamente legislados en la normativa autonómica de consumo.
La razón es que estos dos sectores, junto al de los bancos, acaparan la mayoría de reclamaciones y denuncias de los ciudadanos. En el apartado de la telefonía, las quejas más frecuentes aluden a posibles incumplimientos de las condiciones del contrato, de las garantías, fallos en la conexión a Internet, cobros indebidos y penalizaciones irregulares por bajas.
Las reclamaciones de los servicios energéticos se han quintuplicado en un año y rondan ya las 6.000 en Galicia hasta el pasado abril. Los problemas derivados de las facturaciones estimadas en la luz, el incumplimiento de plazos en los cambios de contrato, o la publicidad engañosa centran las protestas de los usuarios.