La mesa general de la función pública cerrará el acuerdo en febrero
30 ene 2011 . Actualizado a las 06:00 h.La reforma de las pensiones pactada el jueves por el Gobierno y los agentes sociales deja claras víctimas, salva a varios colectivos y aportará algunas ventajas a otros. Su contenido recoge cláusulas cuya influencia va más allá de la que parece desprenderse a primera vista de su redacción literal.
El ejemplo más significativo es el de la jubilación voluntaria a partir de los 63 años -cuatro antes de los 67 estipulados para el futuro- con importantes penalizaciones, que podrá extenderse a los funcionarios. Hasta la fecha, la mayoría de estos trabajadores no podía retirarse antes de la edad legal, que actualmente es de 65 y se elevará de forma paulatina en dos años desde ahora hasta el 2028.
Según fuentes sindicales, la inclusión del factor de voluntariedad en la jubilación a los 63 años -ahora era necesario estar en paro durante 24 meses para acceder al retiro anticipado- ha sido realizada para que los trabajadores del sector público se acojan, si lo desean, a esta posibilidad.
Con la normativa actual hasta que entre en vigor la reforma, esos empleados tienen vedado el retiro anticipado ya que les resulta imposible, por las peculiaridades legales de sus puestos, cumplir el requisito exigido para engancharse a ese tren: estar en paro durante 24 meses. El alcance y aplicación de esta fórmula será objeto de debate en la mesa general de la función pública, que se reunirá en los próximos días, según precisaron esta semana distintas fuentes sindicales.
En la actualidad, algunos sectores de funcionarios pueden retirarse antes de los 65 años. Pero la mayoría pertenecen al régimen general de la Seguridad Social, que no contempla esa opción para ellos. Sí pueden optar por una salida temprana del mercado laboral los que fueron mutualistas, los que están incluidos en las clases pasivas y los trabajadores de la enseñanza, que pueden abandonar su actividad a los 60 años si han cotizado durante al menos 30.
Pese a que la reforma tiene por objeto prolongar la permanencia en el mercado laboral hasta más allá de los 65 años, la jubilación anticipada es un mecanismo que no produce perjuicio a las arcas de la Seguridad Social, en contra de lo que sucede con la jubilación parcial por contrato de relevo, que cuesta más de 100.000 euros por cada caso. Las penalizaciones estipuladas son tan elevadas que incluso la Seguridad Social gana dinero con estas operaciones.
Recorte del 7,5% en la pensión
A falta de conocer los últimos detalles de los cambios en el sistema de pensiones pactado por el Gobierno, los sindicatos CC.OO. y UGT y la patronal, las personas que se retiren anticipadamente a partir de los 63 años tendrán un recorte de entre el 6% y el 7,5% en función del tiempo que hayan cotizado por cada año que les falte para llegar a la edad legal (67 años en el futuro). Para la Seguridad Social, sin embargo, el coste extra de pagar durante más tiempo esa prestación es de en torno al 5,5% por año de adelanto, según los sindicatos.
La necesidad por parte del Ejecutivo y de las comunidades autónomas de realizar ajustes en el sector público ante los elevados déficits habrá favorecido, sin duda, la aceptación de este planteamiento desde los sindicatos, que facilitará la reducción de plantillas sin coste para la Seguridad Social ni tampoco para las diferentes Administraciones públicas.