La Xunta replica a las eólicas que su decreto permite adaptar los planes a la potencia concedida

La decisión de la Xunta de permitir que las empresas que recibieron en el concurso eólico menos megavatios que los que pedían para realizar su plan industrial puedan adaptar esos proyectos para ejecutarlos ha cogido con el pie cambiado a parte del sector. Al menos tres empresas, que prefieren no desvelar sus nombres a la espera de estudiar toda la documentación, entienden que esa vía ha cambiado las reglas del concurso en mitad de la partida. Las soluciones para esos casos -para los que recibían menos megavatios que los solicitados para ejecutar su plan- eran dos: renunciar al concurso o pagar (monetarizar) a la Xunta la parte proporcional de su proyecto, porque no lo iban a llevar a cabo. La Consellería de Industria explicó el martes que cabe una tercera vía que, según esas firmas, no estaba contemplada. Es la de adaptar los planes industriales, bien tomando solo una parte, bien reduciendo la inversión para todos los proyectos.

Para la Xunta esa solución ya aparece en la orden de marzo por la que se regulaba el concurso. «Existe un principio general que dicta que los adjudicatarios quedarán comprometidos a ejecutar su plan», exponía ayer el conselleiro de Industria, Javier Guerra.

El Gobierno gallego se escuda en un párrafo de la orden de marzo que regulaba el concurso en el que se dice que «tras a selección dos mellores proxectos presentados, o titular quedará comprometido a executar no desenvolvemento do seu plan industrial uns investimentos en activos fixos tanxibles resultantes de multiplicar a potencia eólica que se lle seleccionou pola súa proposta en euros por megavatio solicitado; así como a crear un número de empregos resultantes de multiplicar a potencia eólica que se lle seleccionou pola súa proposta en empregos por megavatio solicitado».

Ese principio general, el de ejecución del proyecto industrial vinculado al parque eólico, es la vía para aquellas empresas que no renuncien al concurso ni paguen a la Xunta. En el sector se entendía que no había esa tercera solución. «Está todo contemplado en el decreto», agregaba Guerra, quien exponía un caso práctico: «Si las empresas querían ejecutar sus proyectos, para no monetarizar [pagar], podrían haber puesto unos mínimos muy pequeños, para que, en cualquier caso, les fueran admitidos esos planes empresariales. Y así lo hicieron varias de ellas, sin que hubiera penalización al estudiar sus propuestas».

Esos argumentos los esgrimió Javier Guerra en el Parlamento para replicar a las dudas sobre el concurso eólico que planteó el BNG. «As alarmas no sector eólico acéndense na medida en que non só [los miembros de la Xunta] non conseguen disipar as dúbidas xeradas polo xeito de actuar, senón que seguen afondando cada vez máis nas inconcrecións e nas contradicións, produto da improvisación e na inseguridade que transmiten», apuntó el nacionalista Henrique Viéitez.

Posibles recursos

Según la consellería, los puntos de ese decreto están avalados por la asesoría jurídica de San Caetano. Sin embargo, algunas empresas creen que este es uno de los puntos susceptibles de ser recurridos. Aquellas que quieran hacerlo tendrán hasta finales de enero.

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