Los sindicatos advirtieron ayer al Gobierno que no descartan convocar una nueva huelga general como la del pasado 29 de septiembre si no modifica el rumbo de su política económica. «Que haya huelga está en sus manos», dijeron los secretarios generales de CC.?OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, durante la manifestación celebrada ayer frente al Ministerio de Economía en Madrid.
La marcha, en la que participaron un millar de personas, se celebró en el marco de una jornada masiva de movilizaciones de todos los sindicatos europeos. En Galicia, más de 2.000 personas secundaron la convocatoria con diversas protestas en las principales ciudades de la comunidad.
Según Fernández Toxo, la última huelga «no fue la estación final de nada», así que el conflicto social «sigue abierto» hasta que el Gobierno dé marcha atrás en la reforma del mercado laboral, los recortes del gasto social y la previsible ampliación de la edad de jubilación, una medida que, a juicio del líder de Comisiones Obreras, condenará al paro a medio millón de jóvenes.
Respuesta social
Por su parte, Cándido Méndez confió en que la manifestación convocada para el próximo sábado contra los recortes sociales y laborales haga cambiar el rumbo al Ejecutivo. «Si no es así», dijo, «habrá un aumento exponencial de la respuesta social y sindical en España».
En Galicia se celebraron protestas en A Coruña, Lugo, Ourense, Vigo y Ferrol, donde los responsables sindicales centraron sus críticas en la situación de los parados y en la supresión de las ayudas a los desempleados que han agotado su derecho al subsidio. Una medida «que va a afectar a 10.000 familias gallegas que se van a quedar sin ningún tipo de ingresos», en palabras de Xosé Manuel Sánchez Aguión, secretario xeral de CC.?OO. en Galicia. Para José Carrillo, secretario comarcal de UGT-A Coruña, la reforma laboral ha demostrado su inutilidad con el aumento del paro que reflejan las últimas estadísticas.
La mayoría de protestas transcurrieron sin incidentes, aunque en Ferrol unos cien delegados de la CIG se encerraron durante varias horas en la oficina del Servicio Público de Empleo de la avenida de Vigo, hasta que fueron desalojados por la policía. Los dos responsables comarcales de la central, Xesús Anxo López Pintos y Manuel Grandal, se encadenaron para exigir que se mantenga la ayuda de los 426 euros y defendieron un cambio del modelo socioeconómico.