La supresión del canon cameral obligatorio que hasta ahora soportaban los empresarios y autónomos no ha despertado excesivo entusiasmo en este último colectivo. Es el caso de José Manuel Álvarez, que desde hace 30 años regenta una tienda de muebles y decoración en A Coruña y que subraya que, para los autónomos, el ahorro es mínimo, puesto que, a los empresarios individuales la tasa se les calcula en función de la declaración de la renta. Y «tras varios años de crisis, pues ya declaras mucho menos». En concreto, a él la supresión le ahorrará poco más de 30 euros al año, que era lo que figuraba en su último recibo.
Por eso, Álvarez señala que se trata de una medida diseñada para las grandes empresas, pero que poco contribuirá a aliviar la situación de los pequeños comercios que, como el suyo, no crean más empleos que el del dueño. Y es que, pese a reconocer que la labor de las cámaras puede ser útil para firmas de mayor tamaño, que necesitan asesoramiento y actividades de formación, en su caso «nunca supe muy bien qué se hacía con el dinero que pagaba».
Por este motivo, Álvarez aplaude de entrada el cambio planteado por el Gobierno, que contribuirá esa cuota cameral en una contribución voluntaria, aunque subraya que, a estas alturas, y tras el enésimo golpe de timón, «ya no sé nada, no te puedes creer a nadie y menos en las instituciones».
Lógica de mercado
A su juicio, la fórmula ideal para regular la contribución a las cámaras de comercio sería aquella en la que, siguiendo la lógica básica del mercado, cada empresario «pague únicamente por los servicios que consuma».