Los nacionalistas tildan de «incoherencia clamorosa» los votos de los dos partidos en Galicia y Madrid
03 dic 2010 . Actualizado a las 02:00 h.«Incoherencia clamorosa». Así calificó ayer el senador del BNG Xosé Manuel Pérez Bouza, la posición de PP y PSOE, que con sus votos negativos impidieron que se aprobase en la comisión de Industria del Senado una moción para modificar el decreto del carbón nacional con el fin de reducir sus consecuencias negativas para las térmicas gallegas. Populares y socialistas han defendido en los últimos meses en Galicia el cambio de la norma.
La iniciativa del BNG, que obtuvo cuatro votos a favor y 22 en contra, perseguía una distribución equitativa entre todas las tecnologías de la reducción en la producción que se producirá al dar prioridad en la generación a las centrales con carbón nacional. Tal y como está redactado el decreto, las mayores afectadas serán las térmicas de carbón de importación -como las dos gallegas- y los grupos de gas.
Pérez Bouza -que en los últimos días había explicado su moción a líderes del PSOE y el PP, entre ellos al propio presidente de la Xunta, para intentar garantizar la aprobación de la moción- reclamó a PP y PSOE «cintura política para apoiar unha demanda de Galiza». Los populares presentaron una enmienda, en la que pedían que se llevasen a cabo «las acciones precisas para que la actividad económica de Galicia no se resienta» y la apertura de negociaciones para que se firmase un plan energético nacional en el que se garantizase la viabilidad de las dos térmicas gallegas. No obstante, no hubo acuerdo, y el PP votó en contra de la moción.
Las posturas tanto del PP como del PSOE fueron defendidas por senadores de Castilla, que aseguraron que los problemas que tienen actualmente las térmicas gallegas no provienen del decreto, que aún no entró en vigor, sino de la estructura de la cesta de generación, en donde tienen prioridad las fuentes renovables.
Recurso de As Pontes
Por otro lado, el pleno del Concello de As Pontes somete hoy a votación el decreto de la alcaldía para recurrir el decreto en los tribunales, como ya hicieron otras instituciones.