Los empresarios creen que es un ataque frontal a sus principales fuentes de ingresos y del control del mercado
02 dic 2010 . Actualizado a las 02:38 h.Armadores y patrones gallegos han mostrado su rechazo frontal a una ley estatal que podría autorizar en los próximos meses nuevos canales de venta de pescado fresco al margen de la actividad habitual de primera venta de las lonjas, tal y como se viene haciendo hasta ahora, al menos en España. El origen de la nueva normativa, que fue aprobada inicialmente por el Consejo de Ministros en agosto y que ahora se encuentra en trámite parlamentario en el Congreso (en fase de presentación de enmiendas), guarda relación directa con un reglamento de la UE en el que se dan instrucciones a los Gobiernos para que regulen en este sentido.
Con esta nueva ley, que sigue sin estar cerrada y ni siquiera está en fase de ponencia parlamentaria, las lonjas dejarían de ser en la práctica el principal filtro para el pescado fresco capturado fuera del mar territorial y por buques comunitarios o extranjeros, en aguas comunitarias y de terceros países, y autorizará la realización de operaciones en otros locales, que serán, al parecer, debidamente autorizados para la compraventa de pescado por el Ministerio de Medio Marino y por las comunidades autónomas.
En el caso de Galicia, la situación a la que puede llevar la modificación legal puede ser sumamente importante, sobre todo en el puerto de Vigo, por el que entran miles de toneladas de pescado nacional y extranjero por distintas vías (buque y camión), que de esta forma dejarían de estar tan controlados.
Cambios en la bajura
Mientras los armadores de altura ya han encendido todas las alarmas, según fuentes de las cofradías de Pontevedra, este sector gallego no se verá tan afectado como el de la pesca de altura. Con todo, sí de alguna manera y de forma indirecta se verá implicado «a la larga» en estos cambios normativos, según las mismas fuentes. De hecho, en este momento, ya se pueden efectuar compras de pescado con toda normalidad antes de que este llegase a las lonjas gallegas. La comunidad autónoma cuenta con 61 rulas y centros de venta autorizados, que sumaron en el 2009 un negocio de 422 millones de euros (451 en el 2008), según datos de la Xunta.
Los empresarios del sector, principalmente los armadores de buques de altura, creen que esta situación es un ataque frontal a una de sus principales fuentes de ingresos, que es la venta en las lonjas de la materia prima, y que, como consecuencia, se distorsionará el mercado. Con el sistema vigente tienen cierto control sobre los precios y también pueden intentar autorregular de antemano, aunque muchas veces con poco éxito, los desembarcos de las mareas y las especies con mayor valor comercial y, por tanto, más rentables desde el punto de vista de la explotación empresarial. Además, pueden vigilar más estrechamente la procedencia de la materia prima y, por tanto, realizar un control tangencial sobre la pesca ilícita.