La Justicia europea analizará si la norma española autorizada por Bruselas colisiona con el derecho comunitario
04 nov 2010 . Actualizado a las 02:12 h.El Tribunal de Luxemburgo sumó ayer un nuevo freno a la aplicación del decreto que incentiva el uso del carbón nacional en la generación de electricidad en España y que podría paralizar las térmicas gallegas. Decidió atender la petición de las compañías eléctricas y aplicar medidas cautelarísimas para suspender la decisión de la Comisión Europea (CE) de declarar compatibles con el derecho comunitario las ayudas públicas al carbón nacional concedidas por el Gobierno español.
En la práctica, esta decisión retrasa la aplicación del decreto durante varios meses, plazo que empleará el Tribunal de Luxemburgo para analizar el contenido de la norma.
Endesa, Gas Natural Fenosa e Iberdrola habían presentado ante la Justicia europea recursos individuales contra la decisión de la CE de dar luz verde al Gobierno español para poner en marcha el real decreto, lo que se produjo a finales de septiembre. Las compañías entienden que la ayuda colisiona contra otras disposiciones europeas del carbón y no responde a la necesidad de garantizar el suministro energético. Además, sostienen que el Ejecutivo comunitario no ha escuchado a todas las partes implicadas antes de autorizar el decreto.
Horas antes de conocerse la decisión del Tribunal de Luxemburgo, en Madrid, las eléctricas solicitaban a la Audiencia Nacional que mantenga las medidas cautelarísimas contra uno de los procedimientos de desarrollo del decreto del carbón, en concreto el que alude a las cantidades y precios del mineral nacional que deben comprar. Las eléctricas se ratificaron en el motivo de su demanda en este tribunal, ya que consideran muy breve el plazo de tres días fijado por Industria para que firmen los contratos de compra futura de la producción nacional y sostienen que esta obligación les puede causar «perjuicios irreparables».
El abogado del Estado insistió en la importancia de la aplicación del decreto para la industria de carbón en el país.
Fuentes del Ministerio de Industria habían asegurado que, por respeto a la decisión de los tribunales, no se iba a poner en marcha la norma hasta conocer la decisión de la Audiencia, aunque lo dictaminado por la Justicia comunitaria supera ya ese ámbito de actuación.
Satisfacción en la Xunta
El conselleiro de Economía, Javier Guerra, manifestó su satisfacción por las decisiones de los tribunales e insistió en que las paralizaciones cautelares «reforzan a posición do Goberno galego fronte a esta regulamentación».