Guerra acusa al Gobierno central de no haber defendido los intereses gallegos en Bruselas
01 oct 2010 . Actualizado a las 09:51 h.La Xunta quiere tumbar el decreto del carbón recién bendecido por Bruselas. Y el primer paso es lograr la suspensión cautelar de este. Para ello, y una vez que el texto se publique en el B oletín Oficial del Estado , presentará recurso ante el Tribunal Supremo, con la intención de que no entre en vigor hasta que haya sentencia. No será la única vía que explore el Ejecutivo gallego, que también hará lo propio ante el Tribunal de Luxemburgo, porque cree que se ha vulnerado el derecho de las comunidades afectadas a ser escuchadas en este asunto. El Ejecutivo autónomo ha rechazado las compensaciones como solución. Únicamente reclama que las térmicas de As Pontes y Cerceda «funcionen como estaban funcionando».
Tras la aprobación el pasado miércoles del real decreto, por parte de Comisión Europea, al entender que respeta la norma comunitaria en materia de subvenciones públicas, el conselleiro de Industria, Javier Guerra, ha enviado una nueva carta al ministro de Industria, Miguel Sebastián, para que acepte una reunión con el Gobierno gallego, lo «escoite» y «busque solucións para que la decisión sexa equilibrada». La Xunta cree que el Ejecutivo central no ha explicado bien en Bruselas las consecuencias reales de la aplicación del decreto, en lo que respecta a los perjuicios que causaría a las centrales térmicas de Cerceda y As Pontes.
Cartas
La tesis de la escasa insistencia del Ejecutivo de Zapatero frente a la Comisión fue recurrente en las explicaciones de Guerra, quien ayer compareció ante los medios con el director xeral de Industria, Ángel Bernardo Tahoces. A su juicio, lo único transmitido a la Comisión Europea al respecto han sido las cartas remitidas desde la Consellería de Economía al comisario de Competencia, Joaquín Almunia.
«Se se aplica o decreto estes dous centros eficientes, que producen o 24% da enerxía nacional, terán que parar, e non afectaría só ás centrais senón á cadea de valor, que hai tres anos xa pasou un proceso de reconversión», puntualizó Guerra.
La Xunta reclama una solución «equilibrada». En este sentido, Guerra aseguró no tener nada en contra de las comunidades que saldrán beneficiadas -entre ellas Asturias y Castilla y León-, pero advirtió de que su aplicación afectará a unos 3.500 empleos en Galicia.