Un informe jurídico no ve incompatible que dos empresas participadas por Sodiga se presenten al concurso del viento
27 sep 2010 . Actualizado a las 02:00 h.El poder de atracción del viento gallego es un hecho. La repetición del concurso de la Xunta para distribuir 2.325 nuevos megavatios ha vuelto a ser un imán para 91 grupos eólicos de todo el mundo que ven en Galicia un foco de negocio. Las peticiones multiplican la oferta por siete, casi hasta los 16.000 megavatios.
Poco a poco se van conociendo las peculiaridades de los concursante. Dos de las ofertas presentadas a la puja el pasado mes de julio proceden de empresas con participación de la firma de capital riesgo Sodiga, uno de los brazos financieros del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape). En conjunto aspiran a 70 megavatios. Una tercera compañía tiene como accionistas a personas vinculadas a otra sociedad donde también interviene el Igape.
Energías de Rande (controlada por la firma pesquera viguesa Vieirasa) solicita doce megavatios y propone tres proyectos industriales en los que prevé una inversión de 8,3 millones de euros y la creación de 19 empleos. Sodiga participa con un 9,98% en la sociedad Eduardo Vieira S.?A., integrada en el grupo Vieirasa. El compromiso adquirido por Sodiga con esta compañía implica una retirada del accionariado como muy tarde el 3 de agosto del 2014.
El segundo caso de las mismas características es el de la coruñesa Galfor Eólica, que aspira a 58,5 megavatios y promueve dos proyectos industriales en los que prevé invertir 66,6 millones de euros y emplear a 279 personas. En el accionariado de esta firma figuran la también coruñesa Fergo Galicia Vento y CIE Galfor. En esta última Sodiga mantiene operativa una participación del 7,16%, con un compromiso de permanencia máximo hasta el 25 de enero del 2011.
En el caso de Russula Industrial, que aspira a 103,5 megavatios, con un proyecto industrial de 20 millones de euros y 32 empleos, no está probada la vinculación de Sodiga, ya que la sociedad de capital riesgo creada por la Xunta participa en Russula, pero esta no es socia directa de Russula Industrial.
La Consellería de Industria solicitó un informe a la asesoría jurídica de la Xunta ante posibles incompatibilidades de estas firmas participadas indirectamente por Sodiga que concluyó que no había impedimentos. La Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia, no plantea esta restricción. Además, estas sociedades participan «en condiciones de igualdad con respecto al resto de los solicitantes», por lo que no hay vulneración del principio de igualdad de trato y no discriminación aplicable por virtud de la normativa comunitaria.
Sobre la normativa en materia de contratación, el informe refleja que el artículo 49 de la Ley de Contratos del Sector Público «no contempla tal circunstancia como prohibición para contratar».
Las características
El concurso gallego llega marcado por la rebaja en las primas al sector y por la incertidumbre de la fecha de entrada en servicio de los nuevos parques, que tendrán que esperar turno en el registro de preasignación del Ministerio de Industria. La Xunta prevé culminar la valoración de ofertas en veinte días, para efectuar el reparto a finales del próximo mes de octubre.
A las grandes eléctricas se las esperaba y han acudido a la llamada. Menos lastradas por la falta de financiación gracias a sus remanentes de caja, los siete grandes grupos del sector han presentado ofertas por un total de 4.512 megavatios, casi el doble de los 2.325 que podrá repartir la Consellería de Industria dentro de dos meses. Son EdP, Gamesa, Acciona, Enel Green Power (la filial de renovables de Enel y su participada Endesa), Iberdrola, E.On (asociada al Pastor), y Gas Natural Fenosa.
La comunidad gallega lleva cinco años sin apenas revolucionar el sector con nuevos parques. En este tiempo ha perdido el liderazgo nacional que ostentó durante casi diez años en favor de Castilla-La Mancha y de Castilla y León
El objetivo de la Xunta es recuperarlo en un horizonte de cinco años, superando los 6.500 megavatios instalados. La incertidumbre sobre las primas y las dificultades de financiación complican el escenario.