El consejo de ministros aprueba la revisión trimestral del precio de la luz
25 sep 2010 . Actualizado a las 02:00 h.Algo más del 40% de las reclamaciones de los usuarios gallegos están relacionadas con el recibo de la luz. La subida del 4,8% que el Gobierno acaba de aprobar a partir del 1 de octubre para los clientes de la tarifa de último recurso (TUR), aquellos que tienen contratados menos de 10 kilovatios de potencia, genera la última protesta, pero no la más grave. Las eléctricas gallegas cobran hasta el 200% del consumo real los meses que extienden facturas estimadas.
Desde el pasado año, Industria obliga a las comercializadoras a cobrar mensualmente, pero les permite leer los contadores cada dos meses. Seis de los doce recibos del año llegan con cantidades estimadas, en función de los consumos del año anterior. Los errores se corrigen al siguiente recibo. Pero en las organizaciones de usuarios proliferan las quejas por abusos de las compañías, que llegan a equivocar su cálculo hasta en el 200% del consumo real.
En la Unión de Consumidores de Galicia, 2.497 de las 5.927 reclamaciones atendidas en el 2009 estaban relacionadas con recibos de la luz. Entre lo más grave está aplicar tarifas normales a usuarios de la discriminación horaria, lecturas erróneas o contadores no leídos durante varios meses.
La falta de información es otra queja habitual. De hecho, casi 15.000 usuarios gallegos con más de 10 kilovatios instalados soportan recargos del 40% en sus facturas por no haberse pasado al mercado libre hace un año. Y la mayoría no lo hizo «porque no se enteró», admiten en Ucgal. Sobre la subida aprobada para octubre, la abogada de la asociación de consumidores e usuarios de Lugo Vanesa Arbesú, la considera «injustificada», y recomienda a las familias rebajar la potencia contratada si es posible.
Ayer, el consejo de ministros aprobó el real decreto presentado en junio que habilita al Gobierno a revisar trimestralmente los peajes de acceso eléctricos, única parte del recibo de la luz que fija el Ejecutivo y que, este año, se congeló en julio y ahora en octubre. Al aumentar la periodicidad, el Ejecutivo busca un mecanismo de revisión «más flexible» que permita ajustar «mejor» los costes a los ingresos, explicó la vicepresidenta primera del Gobierno, Fernández de la Vega.