El PP da por roto el pacto de Estado energético si se aplica el alza de la luz
ECONOMÍA
IU pide la «inmediata» retirada del incremento, y los consumidores dicen sentirse «engañados» por el Gobierno.
24 sep 2010 . Actualizado a las 02:00 h.La nueva subida de la luz anunciada por el Ministerio de Industria en la noche del jueves, un 4,8% a partir del 1 de octubre, originó ayer una nueva tormenta política y social. PP e Izquierda Unida pidieron abiertamente al Gobierno que dé marcha atrás y no revise las tarifas, como hizo el pasado mes de julio; y los consumidores calificaron el nuevo incremento como «un engaño» e instaron al PSOE a «rectificar».
El principal grupo de la oposición ha encontrado en este nuevo golpe a los bolsillos de los ciudadanos la excusa perfecta para poner en solfa el pacto de Estado por la energía que persigue el PSOE desde junio.
El portavoz económico popular, Cristóbal Montoro, lo aseguró ayer con rotundidad en declaraciones a RNE: «Cada vez es más imposible mantener el pacto energético con el Gobierno si se confirma esta subida», señaló. El equipo de Rajoy había trasladado al ministro Sebastián que «nunca» pactaría una subida de la tarifa de último recurso, la que afecta a 27 millones de hogares y pymes en España con menos de 10 kilovatios de potencia contratada.
Ayer, su portavoz indicó que esta medida hará «perder competitividad» a las empresas y la tildó de «muy negativa». Recordó, además, que su acuerdo con el PSOE se limitará a «la revisión de los costes del sistema eléctrico».
Montoro señaló directamente a las energías renovables como las culpables del déficit de tarifa, la gran excusa del Ejecutivo para proponer ahora la subida de la luz. El PP le pide al Gobierno que «se deje de tanta ideología» y haga «economía real».
Subida del 27% en dos años
Más duro fue el responsable federal de Izquierda Unida de Energía y Sostenibilidad, Adolfo Barrena, quien reclamó la «inmediata retirada» de la subida del recibo de la luz. A su juicio, los 20 millones de hogares y los 7 millones de pymes afectados por esta decisión «no tienen otra alternativa desde que ha entrado en vigor la falsa liberalización del mercado energético».
La CNE confirmó en varios informes que desde que en el 2009 se forzó la liberalización eléctrica, las comercializadoras de energía no ejercen una competencia real. Es más, fuera de la tarifa de último recurso, controlada al 50% por el Gobierno, hoy por hoy los precios son superiores para cualquier consumidor.
Izquierda Unida reclamó un pacto social sobre la política energética y planteó recuperar el «control público» del sector, modificar el mix energético para que aparezca claramente establecido el calendario de cierre de las centrales nucleares, incrementar la presencia de las energías renovables, garantizar la reserva estratégica necesaria de carbón nacional y desarrollar tarifas con criterios de progresividad y sociales.
Ante el chaparrón de críticas, el Gobierno guardó ayer silencio. El portavoz del Ejecutivo, José Antonio Alonso, se limitó a decir que la vuelta de tuerca en la factura responde a un déficit de tarifa. «Durante muchos años hemos pagado la luz a un coste mucho más bajo del que tenía realmente», argumentó.
No piensan igual los consumidores. La OCU afirmó que los usuarios «se han sentido engañados». Su portavoz, Iliana Izverniceanu, valoró la subida como «fuera de lugar». Rubén Sánchez, de Facua, lamentó que «nunca cuadren los datos de Industria». «Nos da la impresión -dijo- de que quien dicta esto es el sector eléctrico».
La Federación de Usuarios-Consumidores Independientes calificó el incremento de «totalmente desproporcionado». Todas las organizaciones destacaron que el recibo se encarecerá más del 9% en el 2010, 57 euros de media por usuario, (incluyendo la subida del IVA en julio); y más de un 30% en los últimos tres años.
Industria ha congelado en esta ocasión los peajes de acceso (casi la mitad del recibo de la luz), pero se ha negado a dejar de trasladar a las facturas el alza del precio de la energía (un 11% según la CNE). Lo ha hecho contra las peticiones de la oposición y de los consumidores.