La sentencia del Supremo que anula el proyecto sectorial de buena parte de la plataforma logística de Salvaterra ha generado dudas en Mitsubishi sobre la seguridad de su inversión en Galicia. La multinacional ha pedido garantías de que su fábrica se ejecutaría en plazo, y en su poder están ya los informes que confirman que el fallo judicial no afecta a los terrenos que interesan al consorcio austronipón para fabricar baterías de litio.
El problema legal de la Plataforma de Salvaterra afecta a 700.000 metros de un total de 4,5 millones de superficie total, y la instalación de la planta de Mitsubishi (100.000 metros en una primera fase, y 100.000 más en el 2012) iría en los terrenos exentos de la paralización. Pero sobre la superficie prevista para la segunda fase de la obra sí pesan varias denuncias de propietarios que demandan el pago de unos derechos mineros. Estas reclamaciones y no la paralización del Supremo es, según fuentes de la negociación, el único punto a resolver del que Mitsubishi está al corriente desde el principio.