Miño podría enfrentarse al pago de 20 millones en indemnizaciones

Toni Silva A CORUÑA/LA VOZ.

ECONOMÍA

El fallo del Tribunal Supremo sobre la urbanización Costa Anácara anula la adjudicación de la obra a Fadesa

30 jul 2010 . Actualizado a las 02:05 h.

El Concello de Miño podría enfrentarse a una situación económica insostenible después de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la urbanización Fadesa, en la que rechaza el recurso interpuesto por la propia compañía inmobiliaria (en la actualidad, Martinsa-Fadesa) y el Ayuntamiento. La sentencia del alto tribunal ratifica la del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de abril del 2006 en las que se estimaba el recurso del contencioso administrativo interpuesto por los expropiados contra las resoluciones del pleno del 2002. Estos habían denunciado que el concello de Miño había adjudicado a Fadesa la construcción de la urbanización de 1.500 viviendas y un campo de golf cuando aún no se había aprobado el Plan General ni Parcial. «Estaban adjudicando algo que no existía», señala Jerónimo Escariz, representante legal de los expropiados. En el documento inicial se incluía la compensación como fórmula de pago a los vecinos afectados. «Pero luego se cambió a expropiación sin ningún tipo de publicidad», explica el abogado.

Para Escariz, el fallo del Tribunal Supremo permite que entre en vigor automáticamente otra sentencia que estaba pendiente de la sentencia del alto tribunal. Se refiere a otro fallo del TSXG, hecho público este mismo mes, en el que ajusta el justiprecio de seis euros el metro cuadrado a 25,9 euros. A eso hay que añadir un 25% más a modo de compensación, «ya que es inviable que se devuelva a los expropiados un terreno que hoy ocupa una urbanización casi acabada».

Y la cifra final volverá a subir con los intereses de demora desde el primer semestre del 2004, cuando se procedió a la ocupación de los terrenos.

Según los cálculos del propio abogado, el Concello de Miño y Martinsa-Fadesa deberían desembolsar algo más de veinte millones de euros «y sin incluir ese 25% a mayores por compensación». «Para un Ayuntamiento como este es una cifra completamente inviable», añade. «El primer responsable es el Concello de Miño. Con esta sentencia Fadesa ha perdido la legitimación para estar en ese suelo y además, al haber entrado en concurso de acreedores, no se puede presentar a concursos públicos».

El alcalde de Miño, el popular Juan Maceiras, se mostró no obstante tranquilo por la sentencia, y alegó que solo alude a una cuestión procesal y que no supone una modificación en el pago a los expropiados.

«Según el fallo del Tribunal Supremo, se anula el concurso de Fadesa así que la única reclamación podría venir por parte de otras promotoras interesadas en el proyecto de Miño, pero resulta que a ese concurso solo se presentó Fadesa», explica el alcalde. «Ahora habrá que preguntar a la Sala cuál es la solución pero no tiene nada que ver con los propietarios de los terrenos».

En contra de la versión del alcalde, los socialistas de Miño aludieron ayer a una «loca huida hacia adelante del alcalde». «Las consecuencias económicas para el pueblo son enormemente negativas al estar el Concello obligado a revertir la expropiación o a indemnizar a los expropiados», añaden los concejales de la oposición.