Mientras en Madrid la cuerda se tensa cada vez más entre el Gobierno y los sindicatos a causa de la reforma laboral, en Galicia las relaciones entre los agentes sociales y la Xunta atraviesan un momento dulce, tanto que hoy UGT, CC.?OO., y la Confederación de Empresarios de Galicia firmarán los acuerdos por el diálogo social con el Ejecutivo autonómico y Alberto Núñez Feijoo al frente.
Las direcciones de los sindicatos validaron ayer el resultado de casi un año de trabajo, que se concreta en el documento Acordo polo desenvolvemento económico e social de Galicia, y hoy estamparán la firma en sus quince apartados, resultado de los acuerdos logrados en las mesas sectoriales, seguidos de cerca por la conselleira de Traballo, Beatriz Mato.
En materia de empleo, la Xunta ofrecerá 6.000 euros a las empresas por cada contrato que extiendan a parados de difícil inserción. El Gobierno gallego destinará 113 millones de euros, en el período 2010-2013, para incentivar el empleo fijo. En rigor, cada empresario podrá recibir hasta 9.000 euros en caso de reunir determinados requisitos, que incluyen la contratación de mujeres. Los presupuestos de la Xunta incorporarán 27 millones en cada ejercicio para afrontar este compromiso.
La contratación temporal, reclamada puntualmente por los empresarios, también será subvencionada. Las empresas recibirán 2.000 euros por cada contrato de este tipo, que solo podrán aplicar a interinos, y por un período de seis a doce meses.
Los compromisos alcanzados se refieren además a la identificación de locales cualificados para formación, para que se desarrolle en centros acreditados. La renta de inserción social de Galicia quedará sujeta a la realización de un proyecto formativo y, según las fuentes consultadas, será «mellorada» en varios aspectos.
Otro de los acuerdos alcanzados afecta al apartado de las viviendas de alquiler y viviendas sociales. Sindicatos y empresarios formarán parte de comisiones de seguimiento, a la hora de realizar los listados de adjudicatarios. La Xunta se ha comprometido además con los agentes sociales a elaborar un nuevo plan de riesgos laborales, materia en la que la Xunta ha recortado este año 2,5 millones.