EL NUEVO ESCENARIO FINANCIERO Las cajas admiten a los sindicatos que necesitan un ERE para abaratar las prejubilaciones

Si algo quedó ayer claro en la mesa laboral para la fusión de las cajas es que el pacto por el empleo será de las últimas cuestiones en aclararse. Caixanova y Caixa Galicia revelaron al fin las sucursales a cerrar por solapamiento en cada provincia. Manejan prescindir de un máximo de 202 oficinas y prejubilar entre 1.180 y 1.230 trabajadores. A Coruña sería la provincia más afectada, seguida de Pontevedra y Ourense. Las cajas ven «aceptables» las reivindicaciones presentada por CC.?OO., CSICA y CIG; no se oponen a recortar la edad de jubilación por debajo de los 55 años si en el 2012 los mayores de esa edad no cubren voluntariamente el cupo pactado; pero se niegan a garantizar el 95% de los salarios, como piden los sindicatos, y además quieren un ERE para abaratar los costes.

Los sindicatos detectaron «graves fallos» en el documento de prejubilaciones y cierre de oficinas. Como que en A Coruña aparecen más sucursales para extinguir que todas las que tiene Caixanova en la provincia. O que los datos de Ourense y Pontevedra están incompletos. Ante las evidencias, las cajas admitieron «imprecisiones» en su informe, prometieron «concretarlo más» en la próxima cita (26 de agosto), y acabaron asegurando que «hay plazo para cerrar el acuerdo con la plantilla hasta noviembre», fecha pactada con la Xunta para registrar formalmente la nueva caja única. Esta dilación implicaría aprobar el protocolo de fusión sin pacto laboral en los consejos de septiembre.

Ayer, equipos de las dos cajas alargaron su reunión para apuntalar su calendario y ratificar la fusión en octubre en las asambleas, lo que haría posible registrar la nueva caja el 15 de noviembre. Por contra, en la mesa laboral, el «retraso» sorprendió menos que la insistencia en materializar las prejubilaciones a través de un expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción. En principio, los sindicatos rechazan la medida, que las cajas creen ya imprescindible, sobre todo si tienen que garantizar más del 70% del salario.

Indemnización

El ERE permitiría que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) pagase el 40% de una indemnización de 20 días por año de servicio. El resto, hasta el pacto alcanzado, lo aportaría la nueva caja. Durante dos años de paro, Trabajo pagaría hasta 1.300 euros del salario de cada empleado, cantidad que completaría la caja. Las indemnizaciones estarían exentas de retención y tributación en el IRPF, con un tope de doce mensualidades. El resto tributaría como renta irregular, lo que permitiría beneficiarse de reducciones de hasta el 40%.

Pero ese ERE precisa el beneplácito de la plantilla. Y los sindicatos creen que la caja no requiere más ayudas públicas, tras obtener 1.162 millones del FROB. UGT llegó a pedir que se rebajen antes las percepciones de los directivos y se adelgacen los órganos de gobierno. Entienden además que esta solución plantea inseguridad jurídica, ya que les obliga a aceptar cualquier trabajo ofertado desde el Inem, lo que sometería su prejubilación final al contrato con esta nueva empresa.

A petición de la CIG, las centrales se reunirán con los dos hombres fuertes de la caja (Pego y García de Paredes) para aclarar el escenario abierto con la nueva Lorca. Temen una «bancarización» de la entidad gallega.