Prepara el documento que presentará ante el Tribunal de Luxemburgo contra el «torpedo directo» a los intereses de Galicia, que supondría pérdidas de 20 millones para los puertos de A Coruña y Ferrol
17 jul 2010 . Actualizado a las 02:21 h.El Gobierno gallego recurrió ayer al lenguaje bélico y habló de «torpedo directo» a los intereses de Galicia para explicar el perjuicio que puede acarrear a la comunidad la entrada en vigor del real decreto que prima el carbón nacional para la producción de energía eléctrica, y que impugnará ante el Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo. De esta norma se cayeron las compensaciones inicialmente previstas para centrales como las de Meirama y As Pontes, perjudicadas por el decreto, tras la observación de Bruselas de que podían interpretarse como ayudas de Estado.
El director xeral de Industria, Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces, anunció que recurrirá la norma del Gobierno central ante el Tribunal de Luxemburgo porque pondría en peligro 2.000 puestos de trabajo de las centrales gallegas y repercutiría también en los ciclos combinados (centrales que utilizan como combustible gas natural). La iniciativa, según la Xunta, puede ocasionar un «efecto en cadena», que se traduciría en mermas globales de ingresos de 20 millones de euros, con especial incidencia en los puertos de A Coruña y Ferrol.
Para la Xunta, el decreto del Gobierno es «ilegal» y «conculca o principio de competencia», porque unas centrales que trabajan con un carbón nacional poco competitivo van a vender hasta un 15% de electricidad en el mercado nacional durante tres años, merced a la intervención del Estado, mientras otras, como las centrales de Meirama y As Pontes, que trabajan con carbón importado, menos contaminante y de mayor poder calorífico, verán restringida su actividad, subrayó Tahoces.
Con este argumentario, la Asesoría Xurídica de la Xunta prepara su recurso al decreto, a la espera de que la Comisión Europea se pronuncie finalmente -está previsto que lo haga en torno al día 20- y determine si las ayudas a las centrales son legales, tras la prenotificación remitida por el Gobierno.
Las compañías afectadas, Endesa y Gas Natural Fenosa, han recurrido ante el Tribunal Supremo. Ayer la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) denunció que el decreto es «lesivo» para la comunidad, y la Consejería de Industria de Asturias remitió un manifiesto al comisario de Competencia, Joaquín Almunia, para que se mantengan las ayudas específicas para el carbón que otorgan España y Alemania.