SENTENCIA La Justicia protege a un particular que había contratado un producto financiero de alto riesgo sin entenderlo

Una sentencia acaba de abrir la puerta a que los particulares y empresas que en su día suscribieron, al parecer sin conocer sus repercusiones reales, un contrato de permuta financiera de intereses con su banco puedan anularlo. Se trata de un producto financiero de alto riesgo, conocido como swap, que lejos de protegerlos contra posibles subidas de interés, como les anunciaban, los acabó obligando a abonar al banco importantes cantidades de dinero debido a la desviación a la baja del euríbor. La magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Negreira acaba de dictar un auto que anula uno de estos contratos, firmado en el 2007 con la sucursal del Banco de Galicia de la localidad.

En el fallo, la jueza reconoce que la falta de una información adecuada al demandante provocó que este firmara el contrato sin conocer las implicaciones reales del producto y el riesgo que asumía, en especial en lo relativo a su cancelación anticipada. En este sentido la sentencia califica como de «abierta, imprecisa e indeterminada», la fórmula que el banco utilizaba para calcular los importes que en caso de anulación debía satisfacer el cliente y que en este caso superaban los 6.200 euros.

La sentencia, que también carga a la entidad las costas del proceso, considera probado que los responsables de la entidad no facilitaron toda la información necesaria, máxime cuando estos productos están catalogados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores como de alto riesgo «eso es, para un perfil de clientes altamente especulativo y que está especialmente dirigido a empresas con necesidades de coberturas de divisas y tipos de interés por asuntos de exportaciones e importaciones, difícil de explicar y comprender para un usuario habitual».

El denunciante, Roberto Núñez, no ocultaba su satisfacción por la resolución, al tiempo que invitaba a todos los afectados a seguir su camino. Por su parte desde el departamento jurídico del grupo Banco Popular, al que pertenece la entidad, declinan hacer ningún tipo de valoración sobre la decisión judicial ni confirman la presentación o no de un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

Más de medio centenar de particulares y pymes denunciaron a principios de año que, durante el 2007, esta sucursal ofertó a muchos de los clientes que suscribían una hipoteca uno de estos productos financieros que, según apuntan, les era vendido como un simple seguro.