España ha dado a las minas de carbón casi 6.000 millones en ayudas desde el 2003

Entre el año 2003 y el 2008 España entregó a la minería del carbón más de 5.500 millones de euros en ayudas públicas, lo que la convierte en el segundo país de la UE, tras Alemania, que más dinero ha gastado en financiar a un sector que hace lustros que dejó de ser competitivo en Europa

Según datos de la Comisión Europea, en esos seis años se liquidaron en España a favor de las empresas mineras públicas y privadas subvenciones por valor de 2.760 millones de euros destinadas a compensar la diferencia entre los elevados costes de producción del carbón y su precio de mercado. Una cantidad similar -otros 2.782 millones- se usó para financiar los gastos derivados del cierre de explotaciones, desde la restauración medioambiental de su entorno hasta las prejubilaciones de los trabajadores.

Cinco veces más

Si a esas partidas se suman las aprobadas por el Consejo de Ministros en febrero pasado para el ejercicio del 2009, y que suman otros 322 millones, el resultado es que en siete años la minería española habrá recibido cerca de 6.000 millones de euros. Es decir, cinco veces más que la financiación europea que recibirá toda la flota española en el septenio presupuestario 2007-2013; casi el doble de los fondos estructurales que tendrá Galicia en el mismo período, o seis veces más que las ayudas que se inyectaron en los noventa para salvar de la quiebra a los astilleros públicos españoles.

Sector estratégico

Al contrario que aquellas subvenciones, que fueron declaradas ilegales por la Comisión Europea y cuya devolución se perdonó a cambio de condenar a Fene a no construir buques civiles durante diez años, las ayudas al carbón no son ilegales. La UE considera a la minería un sector estratégico para su tarta energética, y de hecho se encuentra en pleno debate sobre si debe mantenerlas o no a partir del año que viene.

Al frente de los detractores de esa prórroga están los comisarios de Medio Ambiente, el esloveno Janez Potocnik, y de Cambio Climático, la danesa Connie Hedegaard, que alegan que las ayudas al carbón no hacen sino complicar los problemas medioambientales de la UE y frenan el desarrollo de energías menos contaminantes. Encabezando a los partidarios de mantener las subvenciones está el vicepresidente y responsable del departamento de Competencia, el español Joaquín Almunia.

La batalla estaba prevista para la semana pasada, pero Almunia decidió posponerla hasta el próximo día 20, consciente de las dificultades que existen para llegar a un acuerdo. Probablemente, ese día la Comisión decidirá también sobre el decreto español que pretende elevar al 15% la generación de electricidad obtenida en las centrales españolas con carbón de producción nacional, y que no prevé compensaciones para las instalaciones preparadas para funcionar con carbón importado o con otros combustibles, que se verán obligadas a reducir o incluso parar su actividad, como ocurre con las térmicas gallegas de Meirama y As Pontes.

La base jurídica de ese decreto, recuerdan fuentes comunitarias, no es el reglamento de ayudas al carbón, sino la directiva sobre normas comunes del mercado de la electricidad, aprobada en el 2003 y que prevé que, para garantizar la seguridad del suministro, los países pueden declarar preferente la entrada en el sistema de electricidad de centrales «que utilicen fuentes de combustión de energía primaria autóctonas», hasta un tope del 15% del consumo eléctrico nacional.

Compensación

La directiva no especifica cómo proceder en ese caso para repartir la tarta productiva. Pero Bruselas ya ha estimado contraria a derecho la pretensión inicial del Gobierno de compensar a las centrales que emplean otros combustibles, como carbón importado o gas, más eficientes y rentables y menos contaminantes.

Eso afecta directamente a las instalaciones gallegas, que sufren esa contradictoria estrategia comunitaria que permite subvencionar minas obsoletas condenadas al cierre, pero no compensar a quienes se ven perjudicados por esa política.

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