La reunión entre?el ministro de Trabajo y los líderes de la patronal y los sindicatos se cerró ayer sin acuerdo
01 jun 2010 . Actualizado a las 02:00 h.La negociación de la reforma laboral se encuentra en fase terminal. Los pronósticos apuntan a un fatal desenlace, aunque se desconoce la fecha de la ruptura. Las reuniones oficiales prosiguen acompañadas de llamadas telefónicas y contactos bilaterales a diversos niveles, pero las diferencias insalvables entre las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CC.?OO. y UGT persisten.
Mientras tanto, el Gobierno ha diseñado el decreto con todos los cambios posibles y se va a conceder tiempo para ver cuáles deja y cuáles quita. La mano decisoria será la del propio presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero.
El encuentro celebrado ayer con los líderes de la CEOE (Gerardo Díaz Ferrán), CC.?OO. (Ignacio Fernández Toxo) y UGT (Cándido Méndez) y el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, concluyó sin la más mínima aproximación. No obstante, los interlocutores se mostraron animados, dentro del fuerte pesimismo que planea sobre el proceso. En un escueto comunicado conjunto aseguraron que «todavía hay margen para el acuerdo» por lo que «han decidido continuar reuniéndose en los próximos días», si bien no dan fechas para las próximos reuniones.
Por otro lado, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, habló ayer de llevar a cabo con o sin acuerdo la reforma laboral antes de julio, lo que supone que el Ejecutivo ha flexibilizado su postura de cerrar ya la negociación. El tiempo viene bien para escenificar el pacto, que parece más que remoto, o el fin de la negociación. Cada interlocutor tomará la posición que considere oportuna para evitar aparecer como el malo de la película.
Otras fuentes consultadas aseguran que el decreto está diseñado y muy abierto en busca de un equilibrio de intereses. De momento, recoge casi todas las materias que han estado encima de la mesa de debate, incluido el despido objetivo, uno de los escollos para el entendimiento e hipotético detonador de la convocatoria de huelga general.
Este despido procedente por causas de producción, económicas, tecnológicas u organizativas conlleva una indemnización de 20 días por año de servicio (con un máximo de 12 mensualidades) mucho más barata que la correspondiente al improcedente (33 o 45 días). El cambio barajado supondría suavizar los requisitos que se exigen a las empresas para probar que los motivos alegados justifican la expulsión del trabajador. La flexibilidad en este capítulo iría compensada con medidas alternativas para la recolocación (fomento de la movilidad funcional y geográfica, nuevas planificaciones, etcétera) capaces de reducir el número de despidos.