Los sindicatos gallegos dan por imposible pactar un acuerdo «dictado por el FMI»

Prudencia y pesimismo. Esas son las dos máximas de los sindicatos gallegos en relación con la reforma laboral que plantea el Gobierno a los agentes sociales. Siguiendo la primera premisa, la federación gallega de UGT prefiere ni pronunciarse sobre la negociación «para non interferir co seguemento que fan os compañeiros que levan o tema en Madrid». Y los que sí opinan, Comisiones Obreras y la CIG, no son precisamente optimistas sobre la posibilidad de un acuerdo con la patronal, «que agora xoga co vento a favor», según apunta Antolín Alcántara, responsable de negociación colectiva de la CIG.

Y es que tanto desde la central nacionalista como desde CC.?OO. observan con preocupación cómo la deriva económica de los últimos meses ha mermado el peso de los sindicatos en la mesa de diálogo, hasta el punto de que los empresarios «recuperaron algunha reclamación que parecía xa superada, como a reducción de un punto e medio nas cotas á Seguridade Social», señalan desde Comisiones, que apuntan que ellos pueden aceptar «unha redistribución, penalizando os contratos temporais na mesma medida na que se favorezan os indefinidos, pero nunca unha rebaixa, porque iso só pon en risco a protección social».

Las dos centrales creen que el Gobierno actúa «bajo dictado del FMI» y que por eso en sus últimos documentos de trabajo remitidos a la mesa de negociación ya asume la necesidad de ampliar el contrato de fomento del empleo (con una indemnización de 33 días por año, en vez de los 45 habituales) y «flexibilizar o despido», lo que, en su opinión, equivaldría a extender los 20 días que ahora solo se aplican cuando la empresa puede documentar fehacientemente sus pérdidas.

Indefensión

Y aunque sí hay acuerdo en algunos puntos, como en la necesidad de un plan de inserción laboral para jóvenes, «a reforma é un paquete», lo que les forzará a votar en contra si se rebasan las líneas rojas, como ya apuntan incluso desde el Gobierno. «Non se pode aceptar, porque deixa aos traballadores cada vez máis indefensos, como sucedeu coas reformas anteriores», apunta Alcántara.

¿Contribuiría al menos esa merma en la protección social a aligerar la tasa de paro y reavivar el mercado laboral? «No, no y no», zanjan tajantes en Comisiones, donde apuntan que «el problema de este país no es el mercado laboral sino otras reformas estructurales como la del sistema financiero, porque no todo queda en resolver las fusiones de las cajas sino que hay que ver cómo se derivan a los ciudadanos los fondos que se usaron para rescatar a la banca».

Porque si las medidas están claras «no apartado dos gastos», con la congelación de las pensiones y el tijeretazo al sueldo de los funcionarios, los sindicatos echan en falta ajustes «polo lado do gasto». «Non están polo labor de que pague máis quen máis ten, para non molestar a certos sectores da dereita, como CiU e PNV, que son os que os sacan de apuros no Parlamento», señalan en Comisiones.

Tanto esta central como la CIG ven claro que el Gobierno está dispuesto, «ou resignado», a asumir el coste político de un decretazo en la reforma laboral, que a juicio del sindicato nacionalista «non debe quedar nunha folga xeral, porque non ten máis percorrido», por lo que apuestan por elevar el tono y la duración de la protesta, «tantos días como sexa necesario».

Y aunque no es fácil mantener la unidad de acción, sobre todo ante un Gobierno de izquierda, desde las centrales asumen que ninguna central puede permitirse descolgarse del sentir colectivo, «sobre todo a un ano das eleccións sindicais».

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