Los diez puntos de la ley gallega recurridos por el Gobierno central esperarán a que se pronuncie el Tribunal Constitucional. La Xunta ha renunciado a retocar esos puntos en controversia con el Ejecutivo porque entiende que, en pleno proceso de negociación entre Caixa Galicia y Caixanova, se generaría una «incertidumbre jurídica» que en nada beneficiaría al proceso, según fuentes del Ejecutivo autonómico.
En la Consellería de Facenda se entiende igualmente que al estar las dos entidades gallegas en proceso de alianza, varios de los puntos recurridos quedan sin aplicación porque hay tres años de período de transición en el que se mantendrán los actuales consejos de las dos financieras.
A lo anterior hay que sumar que en los próximos meses -previsiblemente antes del descanso de verano en el Congreso- PSOE y PP acuerden una reforma de la norma estatal de cajas, la Lorca, que incidirá en aspectos de despolitización y de refuerzo de capital de estas entidades.
La ley gallega tendrá que adaptarse a esa reglamentación de ámbito nacional por lo que «no tendría sentido reformarla ahora cuando se tendrá que revisar en unos meses por la nueva Lorca», dicen las mismas fuentes.