Los funcionarios hablan de la «desmoralización» que hay en la Xunta, del «despilfarro» y la «ilegalidad» de las medidas anticrisis, cansados de que una vez más se haya pensado en ellos para paliar la recesión
16 may 2010 . Actualizado a las 02:00 h.El funcionariado está que ruge con las medidas anticrisis del Gobierno y se expresa alto y claro. Más que preocupación lo que impera en los distintos ámbitos de la Administración es indignación. Hay malestar no solamente por la rebaja salarial media del 5%, sino por la falta de explicaciones previas y por no haberse recurrido a otras opciones, relacionadas con atajar ciertos despilfarros administrativos, antes de tocarles la cartera.
Consideran injusto que se les haya colgado siempre el sambenito de que viven como reyes, y de ser una vez más los paganos de la crisis. Algunos creen que Zapatero no puede ser el gestor que saque al país de esta situación, porque los males radican, en parte, en su propio diagnóstico. Otros tampoco ven a Rajoy como alternativa, «que xa nos recortou a nós o salario», advierte Emilio Celeiro, policía nacional, perteneciente a la Unión Federal de Policía, quien cree que se podrían haber tomado otras medidas de ahorro, relacionadas con el freno al despilfarro administrativo, para paliar la situación actual. «A nós chóvenos seguido, con Felipe González, e despois con Aznar, cando España emerxía, se nos volveu conxelar o soldo dous anos», subraya. «Non creo que isto vaia solucionar a crise que crearon outros, e que agora están cos petos cheos, rindo das nosas miserias», puntualiza Celeiro.
«É a primeira vez que o Estado vai á crebra na democracia», sentencia a su lado Enrique Salas, funcionario del grupo A, de San Caetano, quien concluye que en la receta del Gobierno para afrontar la crisis «hai improvisación, covardía e ningún rigor».
Los funcionarios hablan sin ambages de la «ilegalidad» que, a su juicio, puede representar aplicar estas medidas de ajuste salarial a estas alturas del año. Salas defiende que no se puede ejecutar esta propuesta de rebaja salarial cuando ya está en vigor la Ley de Presupuestos, que obliga al Estado a pagar a los funcionarios la cantidad que refleja el documento presupuestario. «Dinnos que en xuño non pagan, pois isto é como cando creba unha empresa, que se tería que nomear un administrador concursal, que seleccione os créditos a pagar, pero que non pode ser o mesmo, ¿a quen poden nomear? A min como se o sortean», sostiene el alto funcionario de la Xunta, mientras denuncia una carga fiscal extra del 20% para el colectivo funcionarial. «Se hai que recortar que sexa de acordo co principio de capacidade económica», postula.
«Hai unha desmoralización impresionante na Xunta, máis ben depresión, por que isto non sucedeu nin na época de Franco», proclama Salas.
Una opinión similar aporta Xosé Antonio Pardo Cuñarro, director del CEIP de Vite, en Santiago, con largo recorrido profesional. «Este señor non serve para estar no posto onde está», destaca el profesor Pardo, en referencia al presidente del Gobierno, a la vez que propone una «optimización dos recursos nas Administracións públicas» para paliar la situación de crisis.
A los funcionarios les sorprende que se hayan anunciado medidas drásticas cuando apenas unas horas antes se hablaba de los brotes verdes de la economía española y de la luz al final del túnel de la crisis. Desde esta perspectiva, no les sirve que Zapatero, en el Congreso de los Diputados, en un turno de réplica, se defendiese de los ataques de la oposición con el argumento de que es la crisis más grave acontecida en los últimos ochenta años. «Ten que haber unha certa lóxica, non se pode dicir unha cousa pola mañá e outra pola tarde», cuestiona Enrique Salas.
María Xesús Rosón es enfermera en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS). Asegura que en su trabajo no hay desmoralización por que no pueden permitirse ese lujo. Rosón tiene clara la secuencia: «Son medidas precipitadas, partiuse da idea de que somos uns privilexiados e unha especie de mimados, e é todo o contrario: temos unha carga de traballo bestial e pouca consideración social», expone.
La enfermera del CHUS cree que hay cosas que resolver antes de adoptar las medidas enunciadas por Zapatero. Se refiere, a modo de ejemplo, al uso de coches oficiales, de tarjetas de autopista, y a los desplazamientos que a diario realizan altos cargos para desplazarse a las ciudades donde tienen sus domicilios habituales, con cargo a la Administración.
«Nós temos subas salariais conxeladas dende hai dous anos, xa perdemos un 3% ou 4% do salario que tiñamos, así que os recortes, dende unha perspectiva solidaria parécenme ben, pero soamente iso, porque o dos salarios é unha medida moi impactante, que buscou facer calar a determinados estamentos da UE, e isto si que me parece duro», se queja María Xesús Rosón.
Cuando sale a colación la posibilidad de que los servicios públicos se resientan por el recorte salarial, los funcionarios rechazan categóricamente esta consideración. «Os servizos públicos funcionan por nós, non polos políticos, e cando alguén observa que vai traballar menos non deixa de ser unha arroutada. Nisto diferénciase un bo dun mal funcionario», puntualiza Enrique Salas.