La decisión del Parlamento gallego de ir al choque contra el Gobierno de Zapatero para defender la ley gallega de cajas de ahorros, recurrida ante el Tribunal Constitucional, fue respaldada por los tres grupos políticos (PP, PSdeG y Bloque), sin que ninguno de los representantes en la Mesa -el gobierno de la Cámara- mostrara «disconformidade» con la decisión de personarse en el proceso judicial para pedir la retirada del recurso.
La presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, difundió ayer una nota para dejar claro que hubo «unanimidade» de los tres partidos para personarse ante el Constitucional y defender la capacidad legislativa gallega, desmintiendo de paso las informaciones, como la aparecida ayer en este diario, de que el el único representante socialista en la Mesa de la Cámara, Ricardo Varela, no habría avalado con su voto esta decisión, en la medida que el PSOE tampoco apoyó en Galicia la ley de cajas, y en Madrid defendió abiertamente recurrir la norma por la presunta inconstitucionalidad de diez artículos.
Ricardo Varela, al menos en las reuniones de la Mesa a las que acudió, se mostró siempre favorable a que la Cámara autónoma se personara en el proceso para defender su potestad legislativa. Es más, Pilar Rojo señala que «para evitar calquera interpretación amnésica dos feitos» trasladará una copia de las actas de la Mesa a los tres grupos parlamentarios para que cotejen la postura de sus representantes. La decisión del Parlamento de acudir como parte al proceso judicial y presentar un pliego de alegaciones se adoptó en una reunión celebrada el 2 de marzo, si bien la presidencia no aclara si a ella acudió Varela. En todo caso, el acta de dicha reunión se aprobó una semana más tarde por unanimidad, «sen que daquela tampouco formularan obxeccións».
Informe jurídico
El Parlamento gallego remitió el pasado viernes al Tribunal Constitucional un documento de alegaciones al recurso interpuesto por el Gobierno de Zapatero contra la nueva normativa gallega en materia de cajas. La Cámara autónoma aclara que se trata de un documento «estrictamente xurídico» que le permite personarse como parte en el procedimiento de inconstitucionalidad para, primero, pedir la retirada del recurso y, segundo, solicitar el levantamiento de la suspensión de los diez puntos recurridos.
Con la vía adoptada por el Parlamento se trata, por tanto, de acudir en defensa de una ley promulgada por la Cámara gallega «no marco das súas competencias», pero también se trata de defender la «capacidade lexislativa da comunidade autónoma», tal y como se argumenta en la misiva. La jefa del legislativo, Pilar Rojo, remarcó ayer que su comportamiento fue «escrupulosamente institucional». Insistió en que el informe pedido a los servicios jurídicos de la Cámara no fue sometido «a ningún tipo de supervisión política». Es más, añadió que también hizo llegar una copia del documento a todas las formaciones políticas.
En todo caso, el PSOE, a través de Ricardo Varela, acusó a Rojo de un «intento de utilización política» de la Cámara al proponer este recurso. La imputación fue rechazada por Rojo, que insistió en defender el carácter institucional de la decisión.