NUEVO ESCENARIO FINANCIERO Madrid dice en una carta en gallego que «hai marxe» para pactar las cajas

«Con ledicia continúo esta relación epistolar». Así encabeza su última carta el secretario de Estado de Cooperación Territorial, una misiva que trasladó ayer por la tarde al conselleiro de Presidencia en el marco de la compleja negociación para desbloquear la ley gallega de cajas. Es la primera vez que Gaspar Zarrías se sirve del idioma gallego para las comunicaciones Santiago-Madrid, y lo hace después de que Feijoo citara la procedencia andaluza del secretario de Estado.

Siguiendo un correcto gallego normativo (se ignora quién tradujo el texto de un alto cargo que de niño vivió en Galicia), el fondo del asunto no se mueve: la Xunta ha de modificar sustancialmente varios preceptos recurridos de la ley de cajas. Para volver a sentarse y negociar no sirve la última redacción remitida el viernes por las consellerías de Presidencia y de Facenda. «Non se trata nin de que uns gañen nin de que outros perdan, trátase de axustar o texto á legalidade. Se alguén ten que gañar, esa é Galicia e o seu sistema financeiro», dice Zarrías.

Con un tono de cierto hastío ante «o inmobilismo da Xunta», el representante del Estado traslada a Alfonso Rueda que hay «marxe para acadar o acordo, se ese é o voso desexo». «Mais -agrega- precisamos que os feitos acompañen». En todo caso, el secretario de Estado entiende que si lo que pretende la Xunta es «defender a constitucionalidade da lei recorrida, o foro é o equivocado, pois é o Tribunal Constitucional contestando ao recurso interposto». Para retirar esa impugnación, Zarrías invita a «superar os obstáculos».

¿Cuáles son? Cinco puntos. Hay acuerdo en otros seis, pactados «no límite do permitido», reprocha Zarrías. Así, el Estado pide que se aclare el alcance de las autorizaciones para inversiones en obra social; que se incorpore una nueva redacción que haga referencia a las normas del Estado en caso de déficit patrimonial de una caja; que el Parlamento no sea la única Administración con más de un miembro en el consejo; que se copie la redacción de la Lorca (ley estatal de cajas) sobre mayorías necesarias para aprobar una fusión; y que se detalle una proporción para renovar los órganos de gobierno. En este último punto, la Xunta había sugerido quitar la palabra «total». No basta.

Por todo lo anterior, Zarrías no ve sentido a una nueva reunión. Madrid aguarda ahora réplica en Santiago e insiste en que el asunto no es político: «Quen insiste en levar [a negociación] ao terreo político pon en evidencia que non ten argumentos xurídicos».

Sin embargo, en San Caetano se interpreta el escrito como «clara expresión» de que el recurso del Gobierno central «es político». Fuentes del Ejecutivo autónomo lamentan que Zarrías se refiera a los acuerdos ya alcanzados en seis puntos «como una indulgencia del Gobierno» y censuran su «invitación» a seguir la discusión sobre la constitucionalidad de la norma en el Tribunal Constitucional.