Feijoo se presta a someter la norma al Constitucional, pero no «a los intereses de algún alto cargo del Estado»
09 mar 2010 . Actualizado a las 02:00 h.La última propuesta de la Xunta para sacar a la ley de cajas del atolladero del Tribunal Constitucional es todavía insuficiente para el Gobierno central. Las Consellerías de Facenda y de Presidencia remitieron el viernes a Madrid una nueva redacción para tres puntos impugnados ante la Justicia, y un acuerdo interpretativo para otros dos (hay acuerdo ya para 6 preceptos), pero el en Madrid se considera que esas modificaciones solo retoques estéticos que «no van al fondo del asunto».
Así se lo trasladó ayer por la tarde, por escrito, el encargado de la negociación por parte del Estado, Gaspar Zarrías. En la misiva del secretario de Estado de Cooperación Territorial al conselleiro de Presidencia se hace constar que los avances trasladados el viernes «son muy tenues», y solo en dos de los cinco puntos pendientes de acuerdo (aunque no se cita cuáles son). «No se resuelven las dudas» que llevaron al recurso ante el Tribunal Constitucional. Y por ello, indirectamente se pide un nuevo documento. «Seguimos a la espera», dice Zarrías en su texto.
El número dos de Manuel Chaves muestra un cierto enfado con Alfonso Rueda, su «sorpresa» por la carta que el viernes le cursó el conselleiro y en la que, además de esa propuesta de la Xunta, se hacía constar que el Gobierno estaba bloqueando la ley de cajas. «No se corresponde con la realidad, hay disposición a llegar a un acuerdo», esgrimen en el entorno de Gaspar Zarrías. Por contra, el secretario de Estado insta a «lograr un acuerdo definitivo» resolviendo «todas las discrepancias», y no con «tímidos cambios».
La propia Xunta ya había advertido el viernes, tras remitir su propuesta, que la ley de cajas mantenía «su esencia» y que los cambios no eran muy profundos, sobre todo en un asunto crucial: la renovación de las asambleas y los consejos de las cajas. Ahí está la gran discrepancia entre las dos Administraciones, junto a la mayoría necesaria para aprobar una fusión.
En el Gobierno gallego la comunicación del secretario de Estado se tomó como «el incumplimiento de un compromiso» pues la semana pasada Zarrías había condicionado fijar una nueva reunión a contar previamente con una propuesta de la Xunta. La carta remitida, de hecho, no fija ninguna reunión «y tampoco dice qué vale y qué no vale», lamentaban anoche en San Caetano. Con todo, la respuesta oficial se dará, previsiblemente, esta misma mañana en el Parlamento de Galicia. Comparecerán bien Alfonso Rueda, bien la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, para dar cuenta del estado de las negociaciones con el Estado sobre la ley de cajas.
Mientras, ayer fue Feijoo quien apuntó directamente a Gaspar Zarrías, antes de la carta de este. En Pontevedra, el presidente dijo estar dispuesto a «someter a lei galega ao Tribunal Constitucional, pero ao que non estou disposto é a someter a lei aos intereses dalgún alto cargo do Gobierno do Estado procedente de Andalucía». Gaspar Zarrías, originario de Jaén, fue alto cargo en la Junta de aquella comunidad.
Cuestión «de alto nivel»
Internamente, dirigentes autonómicos del PP y del PSOE creen que en este contexto, la única posible vía de entendimiento pasa por un cara a cara «al más alto nivel» entre el propio presidente de la Xunta y el ministro de Fomento, José Blanco, el gallego con más influencia en la Moncloa. Este último abogó el sábado en Lugo por el «entendimiento y el acierto» en la negociación.