Feijoo emplaza al Ejecutivo central a fijar una reunión cuando quiera para desbloquear la norma
06 mar 2010 . Actualizado a las 02:00 h.El Ejecutivo gallego dio ayer un giro en su estrategia sobre la ley de cajas, recurrida por el Estado ante el Tribunal Constitucional. Para tratar de sacar la ley del atolladero, la Xunta remitió al Gobierno central una propuesta para solventar los problemas con 5 de los 11 puntos cuestionados de la ley (para otros 6 ya hay consenso). Madrid había condicionado reabrir la negociación a tener previamente esa propuesta por escrito. Aunque no era su deseo, la Xunta le traslada un documento «en aras de facilitar la negociación», se lee en la carta que firman los conselleiros Alfonso Rueda y Marta Fernández. Se la remitieron por la tarde al secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, con vistas a que este les cite y se llegue a una solución.
La propuesta incluye una redacción nueva para tres puntos y un acuerdo interpretativo para los dos restantes. Según fuentes del Ejecutivo autónomo, los cambios no restan competencias a la comunidad ni alteran el fondo de la ley, una norma plenamente constitucional, mantienen en San Caetano.
Los tres puntos con una nueva redacción tienen que ver con las situaciones de déficit patrimonial de la caja; que el Parlamento gallego sea la única Administración con más de un miembro en los consejos; y la renovación de las asambleas. En los dos puntos primeros las diferencias entre Madrid y Santiago son menores. En el tercero, no.
Según el Ejecutivo gallego, la redacción para este último «no altera la esencia». Previsiblemente se mantendrá la renovación de un 75% de las asambleas.
Por su parte, los dos acuerdos interpretativos son para los puntos sobre las mayorías precisas para la fusión y la necesidad de un informe favorable previo de Facenda para obra social. La redacción actual no se toca, pero el equipo de Feijoo se presta a llegar a un compromiso vinculante con el Estado sobre la interpretación de ambos puntos.
En la Xunta eran remisos a mandar cualquier texto porque querían exponer sus sugerencias directamente a Zarrías en una reunión. Y, además, hasta ayer se entendía que era Madrid quien tenía que remitir esas correcciones. Pero por «responsabilidad», dicen en Santiago, se ha optado por mandar un documento de trabajo. Se aguarda ahora respuesta.
Antes de remitir esa carta, Feijoo insistía en Lugo en que el Gobierno «non quere falar coa Xunta, non nos quere dar nin siquiera unha data para sentar a negociar, quere bloquear e seguir bloqueando as caixas galegas, coa axuda inestimable de dirixentes do Partido Socialista en Galicia». Advirtió que es la Administración central la que «ten a chave de poñer a data, hoxe pola tarde, mañá pola mañá... Nunha hora a delegación da Xunta estará negociando nesa mesa».
Mientras, Pachi Vázquez se mostró ayer convencido de que habrá un «gran acordo» para desatascar la ley. «O tempo demostrará quen dixo a verdade a Galicia e quen xogou con ela», sentenció el líder de los socialistas gallegos.