El entorno del presidente considera contradictorio el apremio del regulador y el bloqueo del Gobierno a la nueva ley de cajas
05 mar 2010 . Actualizado a las 14:52 h.El enquistamiento de las negociaciones sobre el futuro de las cajas gallegas tiene desde hace unos días un nuevo elemento de presión que podría resultar definitivo para despejar el escenario, tanto si este termina en fusión como en alianzas externas.
Esta vez es el Banco de España el que ha trasladado directamente a la Xunta la necesidad de tomar decisiones respecto al desenlace de las cajas con «máxima urgencia». El equipo de Miguel Ángel Fernández Ordóñez insistió ante el Ejecutivo de Núñez Feijoo en el «poco tiempo» que resta para reestructurar con garantías de éxito el sistema financiero del país. Y apeló al riesgo de deterioro de los balances de las entidades como una prueba de que la espera podría tener al final un coste muy elevado.
No es la primera vez que el regulador lanza mensajes de esta índole para desenquistar procesos de alianzas atascados en otras autonomías. Pero casi siempre fue en una fase de las conversaciones más avanzada; es decir, cuando son las propias entidades las que están debatiendo los protocolos de unión o a punto de aprobar en sus órganos de gobierno fusiones o integraciones.
En este caso, fuentes financieras dan por hecho que el apremio del Banco de España guarda una relación directa con la falta de entendimiento entre la Xunta (claramente partidaria de la fusión gallega) y el Gobierno central, más alineado con la negativa de Caixanova a una alianza interregional.
El aviso del regulador se ha hecho extensivo tanto para Caixa Galicia como para Caixanova. Directivos del equipo de Ordóñez se reunieron por separado con responsables de las dos entidades gallegas para sensibilizarlos respecto a la importancia de fijar sus estrategias con la máxima celeridad. Todos los contactos han tenido lugar durante las últimas semanas.
Desde el entorno de las consellerías de Facenda y de Presidencia, las dos involucradas directamente en las negociaciones con el Gobierno central sobre la ley de cajas gallega, se han interpretado las indicaciones del Banco de España como una «contradicción» con la manera de actuar del Ministerio de Política Territorial, que pilota las conversaciones para desbloquear la normativa de esta comunidad. Las «trabas» que el negociador del Gobierno, el secretario de Estado para la Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, está poniendo en el diálogo no encajan con la diligencia que reclama el equipo de Fernández Ordóñez.
Tres meses de vértigo
Desde que la Xunta hizo pública su apuesta por la fusión gallega a finales del pasado mes de noviembre, las prisas del Ejecutivo autonómico se ven empantanadas en un bloqueo político y judicial del que todavía no hay salida. En diciembre, Feijoo encargó una auditoría ( due diligence ) para comprobar la viabilidad técnica de la unión y, en paralelo, tramitó en el Parlamento la nueva ley de cajas, ahora encallada en el Constitucional.
La intención era renovar los órganos directivos de las cajas antes del 6 de marzo y abordar una decisión de las entidades sobre la fusión antes de junio, cuando caduca oficialmente el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). La alianza de Caixanova y Caixa Galicia solicitaría 1.190 millones de ayuda, según el informe de la consultora KPMG. El Gobierno tiene en su mano prorrogar las ayudas hasta el próximo mes de diciembre, algo que en fuentes financieras se da prácticamente por seguro.
Pero el Banco de España pretende urgir los procesos de fusión o alianza entre las cajas, entre otras cosas porque, a día de hoy, el FROB sigue intacto.
En el último mes, Ordóñez cambió su discurso respecto a las intervenciones en entidades sugiriendo que las valorará si las cajas no concretan operaciones de fusión a corto plazo. Aunque ninguna de las dos gallegas ha dado por ahora síntomas de debilidad preocupantes en sus balances, el supervisor bancario está preocupado por la evolución en solitario de algunas entidades españolas, especialmente por el aumento de la morosidad, lo que podría llegar a provocar medidas extraordinarias.
En el caso gallego, lo que el regulador ha venido a decir es que, cuanto más se tarde en decidir, más cara podría resultar la decisión y también menos eficaz.