La empresa dice que fijó las primas antes de ser rescatada por el Gobierno de Estados Unidos
04 feb 2010 . Actualizado a las 02:00 h.¿Puede una empresa pedir dinero al Gobierno para luego repartirlo entre sus ejecutivos? ¿Es lícito que una aseguradora reclame el dinero de los contribuyentes si con él pretende pagarle las vacaciones a sus trabajadores?
Preguntas como estas resonaban ayer en Estados Unidos después de la aseguradora AIG anunciara que pagará más de 100 millones de dólares a sus empleados en concepto de primas, apenas unos meses después de haber recibido un préstamo estatal por valor de 198.000 millones de dólares. La idea de que esta empresa, que todavía no ha devuelto todo el crédito, se gaste el dinero de los contribuyentes en premiar a algunos de sus empleados conseguía levantar la polémica en el país, ahogado por el peso de la recesión y con índice de paro que no baja del 10%.
Polémica
El debate sobre el pago de primas a los 400 empleados que conforman la división financiera de la aseguradora pasó ayer de la calle al Capitolio estadounidense, donde muchos senadores no dan por buena la versión dada por la empresa de que estas bonificaciones fueron prometidas a los empleados con anterioridad al rescate del Gobierno y, por lo tanto, no tienen efectos retroactivos.
Durante toda la semana, los políticos de Washington habían presionado a AIG para que redujera en un 26% el dinero entregado a sus trabajadores, si bien la empresa solo conseguía recortar en un 20% el valor total de las primas a cambio de adelantar su pago, previsto inicialmente para marzo. Además, y para aquellos empleados que ya no se encuentran en activo, el recorte se reduciría a un 10%, aunque algunas informaciones aseguran que la empresa habría negociado pagar a sus ex empleados el importe total de sus incentivos ante la posibilidad de una demanda.
Desde la cúpula de la empresa se insistía ayer, sin embargo, en que tan solo aquellos empleados que acepten reducir su prima cobrarán el dinero, una amenaza que no conseguía calmar los ánimos entre los políticos estadounidense, hartos de ver como el dinero de los contribuyentes va a parar a los bolsillos de los ejecutivos.
Entre las principales críticas lanzadas desde el Capitolio destaca el que muchos de los empleados que cobrarán este dinero son los mismos que se embarcaron en arriesgadas operaciones financieras el año pasado, lo que acabó por poner a la empresa al borde la quiebra.
La caída del gigante asegurador supuso desde el principio uno de los grandes retos de la Administración Obama, quien a día de hoy sigue teniendo que dar cuentas de su decisión. El último en sumarse a la polémica era Kenneth Feinberg, el todopoderoso supervisor nombrado por Obama para vigilar el rescate financiero, que ayer admitía que, aunque el pago de primas en AIG es «indignante», el Gobierno considera que es «legal».