«En un par de meses pasamos de trabajar a tope al cierre de la mayor auxiliar de los astilleros»

En febrero del 2002 estalló en la comarca ferrolana la crisis de Indunor, una de las mayores empresas auxiliares de los astilleros de todo el país. Sus dueños presentaron suspensión de pagos, pero declinaron realizar esfuerzo alguno por recuperar actividad, por lo que pocos meses después se fue a la quiebra. Transcurridos ocho años de aquello, y tras un largo proceso, un juzgado de Ferrol acaba de declarar que la quiebra fue fraudulenta y condena a todos los socios del consejo de administración -integrado por Evaristo Veiga, Eduardo Pereda, Manuel Díaz, José Luis Rodríguez, Carlos González y Leandro Amado-, a pagar a la masa de acreedores alrededor de 800.000 euros. El fallo sostiene que los dueños de la firma llevaron a cabo una contabilidad incorrecta y maniobras ilegales de financiación, además de descapitalizar la firma, en beneficio de otras sociedades, en algunos casos también propiedad de los miembros del consejo.

Cuando la crisis se desencadenó, la compañía contaba con una plantilla formada por unos 600 trabajadores, que asistieron incrédulos a un estallido con el que la mayoría no contaba, puesto que Indunor tenía pedidos, estaba bien posicionada en los mercados y había diversificado su actividad con presencia en distintos sectores, entre ellos el energético y el inmobiliario. Su cerrojazo dejó una deuda superior a los 20 millones de euros, que afectó principalmente a pequeños acreedores de Ferrolterra.

María Franco, durante más de diez años administrativa de la compañía, fue testigo de las irregularidades financieras y contables realizadas por los dueños de la empresa. Por ello, asegura que no le supuso sorpresa alguna el estallido de la crisis. «Nadie se esperaba que Indunor cerrase, pero yo ya veía que por algún sitio tenía que reventar», afirma. Recuerda con indignación que inicialmente se culpó a la dirección general de la compañía, y se apuntó al crecimiento de la firma y a la diversificación hacia nuevos mercados como el detonante de la quiebra

«La sentencia deja claro que no era ese el problema, sino que venía de otro lado», dice, en alusión a las maniobras de financiación irregular que cita el fallo. Así, el documento asegura que ha quedado demostrada en las cuentas «una situación patrimonial inexistente», y que se empleaba «el giro de letras de cambio vacías que no respondían a operaciones reales».

Con el procedimiento de bancarrota en marcha, María Franco se presentó voluntaria como síndico, es decir, representante legal de los trabajadores. En los últimos años, tanto el comisario, como los síndicos y la fiscala había solicitado que se declarase la quiebra como fraudulenta, lo que finalmente ha sucedido. Por ello, se muestra satisfecha, aunque admite que aún «queda mucho trabajo por hacer».

«Algo rapidísimo»

«Para mí fue una lástima, algo rapidísimo. En un par de meses pasamos de estar trabajando a tope, al cierre de la principal empresa auxiliar de los astilleros de España», recuerda un ex trabajador. Aquellos que estaban destinados en esos momentos en las antiguas Astano y Bazán encontraron trabajo rápido en otras compañías, que asumieron las tareas que dejaba pendientes el que algunos llegaron a calificar como «un gigante con pies de barro». «Nadie sospechaba que iba a declarar la suspensión de pagos; la empresa iba a más, se estaba expandiendo, por lo que no contábamos con ese desenlace», explica otro operario, hoy ya jubilado.

Ocho años después, la mayoría de los trabajadores han percibido parte de las indemnizaciones y los salarios adeudados, que pagó el Fogasa. La masa de acreedores aún está pendiente de percibir el dinero para al menos tapar una parte del agujero económico que les dejó la compañía.

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