El Gobierno central acepta negociar con el sector los cambios normativos que han originado el conflicto
19 dic 2009 . Actualizado a las 02:00 h.El Gobierno central y las asociaciones mayoritarias del taxi negociarán en enero el reglamento que desarrollará la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT), con el que se pretende resolver parte de los problemas del servicio discrecional de viajeros. Inmediatamente después, las comunidades autónomas abordarán el suyo, que está cargado de competencias, según aseguran fuentes del sector. Mientras tanto, Madrid registró ayer nuevos incidentes. Un grupo de taxistas bloquearon los accesos del aeropuerto de Barajas y la actuación de piquetes en la ciudad impidió la libre circulación de los coches hasta bien entrada la tarde.
El Ministerio de Fomento convocó urgentemente a dos de las organizaciones-Unión Nacional de Asociaciones Libres de Autopatronos (Unalt) y Empresarios de Taxis y Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA)- convocantes de la protesta del jueves. Los responsables del Departamento que dirige José Blanco expusieron a sus interlocutores «un mensaje de tranquilidad» ante las negociaciones que se emprenderán nada más iniciarse el 2010, según explicó José Luis Funes, presidente de Unalt.
El origen del conflicto
El origen del conflicto se encuentra en la aprobación de la Ley Ómnibus, que ya ha terminado su andadura parlamentaria. La norma es fruto de un mandato comunitario para la liberalización de los servicios. Cuenta con un artículo, en concreto el número 21, que refleja la regularización de los coches de alquiler con conductor como servicio discrecional, y que decayó en su paso por el Senado, pero que fue recuperado en el Congreso, aunque sin el párrafo que permitía la operatividad de los vehículos en cualquier lugar del territorio nacional.
Fomento informó a Unalt y ATA que la supresión supone «mayor seguridad» para el sector. Los representantes de los taxistas afirmaron que el artículo 21 al completo suponía «un peligro» para los usuarios del taxi, y «degradaba» el servicio a situaciones similares a las que se dan en «Latinoamérica o Marruecos», entre otros territorios. Funes señaló que los servicios jurídicos de ambas organizaciones estudiarán el alcance del texto definitivo, para actuar en consecuencia, a la vez que se desmarcó de los disturbios registrados en Madrid y culpó de los altercados a «un pequeño grupo de taxistas». El reglamento nacional solo regulará la concesión de licencias para los vehículos de alquiler con conductor en el ámbito estatal. Los taxis corresponden a las comunidades, salvo en el caso de las empresas que dispongan de coches en más de una autonomía. Su negociación correrá a cargo de la Dirección General del Transporte, dentro de la Comisión Nacional, en la que participan, entre otras organizaciones Fenadismer, la Confederación Nacional del Transporte -vinculada a la CEOE-, la Confederación de Taxis de España y Unalt. Una vez aprobada la norma estatal, corresponderá desarrollar los reglamentos autonómicos. En estos foros se discutirá la operatividad de los vehículos y los criterios para la concesión de licencias, si bien los permisos serán tarea de los ayuntamientos.