La comunidad produce el 60% de su electricidad con fuentes renovables, pero recibirá el 0,4% de las ayudas
18 dic 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Galicia es la principal potencia española en generación de energía limpia. A su histórica fortaleza en materia hidráulica, con el gran pulmón energético que representa la cuenca Miño-Sil, en los últimos años se sumó la eólica. La Comisión Europea se fijó hace cinco años como objetivo que en el 2020, el 20% de la generación eléctrica del continente provenga de fuentes renovables. Una década antes, Galicia ha multiplicado ese objetivo por tres. Entre enero y noviembre, período en el que la comunidad ha incrementado su producción un 18% respecto al año pasado, el 60% de la generación eléctrica gallega fue limpia. Pero esa precocidad ha resultado contraproducente en términos económicos.
El Ministerio de Industria publicó este martes la lista de instalaciones eólicas y termosolares que se pondrán enchufar a la red en España en los próximos tres años. Esa relación se suma al registro de fotovoltaicas, cerrado el pasado 3 de diciembre. Con estas autorizaciones, el Gobierno compromete ayudas a las energías renovables por valor de unos 55.500 millones de euros. Ese es el cálculo de aplicar las primas fijadas para cada tipo de fuente (eólica, termosolar y fotovoltaica) en los veinte años de media que durará la vida útil de las instalaciones.
De esa cantidad, el 31% irá a parar a Andalucía, un 28% a Extremadura y Galicia, la primera potencia en generación de energías renovables, se tendrá que conformar con 213 millones, un testimonial 0,43% del total. En este cálculo no se tienen en cuenta las granjas solares incluidas en el registro de Industria en lo que va de año. Contando con que Galicia apenas tiene aprovechamientos fotovoltaicos, el cálculo definitivo de la cuota gallega aún podría dar un resultado peor.
El Gobierno de Zapatero tiene un problema con las energías limpias: apuesta por ellas, y pretende que España no pierda el liderazgo en un sector que se considera estratégico para salir de la crisis. Pero al tiempo tiene que abaratar la factura de las renovables, más caras que la generación de otras centrales tradicionales, y que, cuanto más crecen, más contribuyen a encordar el déficit tarifario del sector eléctrico.
La burbuja solar
En los últimos años, ese problema se ha agravado con la creación de dos grandes burbujas: la termosolar y la fotovoltaica. Para la primera se habían planificado 500 megavatios en toda España, y ahora se sabe que en el 2012 habrá instalados unos 2.400. La segunda ha pasado de los 370 programados a los casi 5.500 que habrá en la realidad. Este desfase ha disparado las primas, en detrimento de la eólica. Los megavatios eólicos autorizados en el período 2009-2013 se llevarán a lo largo de toda la vida útil de los molinos un 7.500 millones de euros en ayudas públicas, con una generación de 14.000 gigavatios al año. La termosolar y la fotovoltaica apenas serán capaces de producir 6.000 y 3.000 gigavatios, pero obtendrán primas de 30.000 y 18.000 millones, respectivamente.
La apuesta por la energía solar, en detrimento de la eólica, beneficia fundamentalmente a tres feudos tradicionalmente socialistas: Extremadura, Andalucía y Castilla La-Mancha. Según fuentes del negocio del viento gallego, en la redacción definitiva del registro de preasignaciones también ha tenido una gran influencia el lobby de las grandes constructoras, presidido por el ex asesor económico de Zapatero, Javier Taguas. Acciona, ACS, FCC y OHL fueron las principales beneficiadas en el reparto de instalaciones termosolares.
Las mismas fuentes también ponen en duda los criterios adoptados para el reparto eólico. Tras Castilla y León (líder actual del sector en España), las dos comunidades más beneficiadas fueron Andalucía y Cataluña. Esta última (que actualmente ocupa el número diez en el ránking) fue la gran sorpresa del listado. En esta tramitación tuvo que ver mucho la postura de Convergencia i Unió. En octubre, los nacionalistas impusieron un veto en el Senado que derogaba el registro de preasignaciones, al entender que invadía competencias de las autonomías. Una semana después, CiU cambió de opinión y dio el visto bueno al nuevo modelo.