Las alianzas virtuales con un SIP son mecanismos irreversibles que desembocan en una fusión
ECONOMÍA
Las cajas gallegas, en especial Caixanova, contemplan la posibilidad de recurrir al sistema institucional de protección (SIP) para fortalecerse ante el escenario financiero que se avecina. Esta fórmula permite a los participantes mantener su personalidad jurídica, a cambio de ceder competencias y soberanía a una nueva sociedad común. Sin embargo, los expertos sostienen que el Banco de España habilitó este camino para facilitar las integraciones en entidades hostiles a participar en procesos de fusión.
Para los analistas, el SIP no es más que una «vía lenta» de integración. Estos sistemas implican, necesariamente, la cesión de soberanía de las entidades a la nueva sociedad común. Una cesión que, según los expertos, está condenada a crecer con los años. Las fuentes financieras reconocen que el desarrollo del SIP es algo tan novedoso que el Banco de España irá estudiando «caso a caso» el desarrollo de los mismos. Según los técnicos de Analistas Financieros Internacionales (AFI), una de las dos consultoras que han elaborado los informes en los que Caixanova ha basado su estrategia de futuro, a la luz de las iniciativas que se están haciendo públicas, el alcance operativo de los SIP «parece que excede la puesta en común de unos pocos ámbitos de gestión de riesgos». Consideran «razonable» pensar que una vez finalizados los correspondientes procesos de integración y reestructuración de las actividades «se pongan de manifiesto economías de escala que mejoren la eficiencia de todas las entidades involucradas, al tiempo que economías de alcance que mejoren su eficacia comercial y competitividad». Con este planteamiento carecería de sentido desarrollar un trabajo conjunto «sin una vocación de estabilidad o permanencia a largo plazo», señalan las mismas fuentes, porque la separación del sistema «podría generar perjuicios económicos y competitivos tanto para las entidades que se quedaran como para las que se fueran».
En sentido contrario, «tendría más razonabilidad económico-financiera pensar en reforzar a largo plazo la cooperación de las entidades participantes según se van entendiendo los equipos involucrados o se van materializando las sinergias, lo que permitiría una nueva vuelta de tuerca en las capacidades competitivas del conjunto. Y es posiblemente este último escenario el que mejor encaje con el discurso que mantiene el supervisor español».
Los expertos de AFI aclaran que en estos procesos de integración cabe la posibilidad, «que no la obligación», de acudir al fondo de reestructuración.
El FROB podría prestar dinero a cada una de las cajas participantes, o bien apoyar directamente la sociedad central, para que luego esta distribuya los fondos entre las entidades adheridas. Este segundo supuesto, «permitiría incluir posibles cláusulas de subordinación de las ayudas a la permanencia en el SIP, a fin de asegurar la estabilidad del sistema a largo plazo».