El colectivo tacha de «insuficiente» la medida aprobada ayer por el Gobierno.
21 nov 2009 . Actualizado a las 02:00 h.El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de ley que permitirá percibir una prestación a los trabajadores autónomos que se vean obligados a cesar en su actividad. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, calificó de «reivindicación histórica de este colectivo» poder cobrar el paro, algo a lo que hasta el momento solo tienen acceso los trabajadores por cuenta ajena, y apuntó que la medida -que no será efectiva hasta el 2011- es «contributiva, sostenible y voluntaria».
Pese al paso adelante que supone esta prestación para los autónomos, lo cierto es que el sector la ha acogido con críticas, por considerarla «insuficiente». Y es que la prestación a la que tendrán derecho los emprendedores oscilará entre los 583 y los 1.383 euros mensuales (el 70% de la base de cotización en los doce meses anteriores), según las circunstancias personales, y la duración de la cobertura también será notablemente inferior a la de los empleados por cuenta ajena, ya que irá desde un mínimo de dos meses a un máximo de seis, en función del período cotizado. En los casos de trabajadores de entre 60 y 64 años, la duración se amplía, con un mínimo de tres meses y un máximo de nueve.
Sistema mixto
Además, no todos los autónomos que cesen involuntariamente en su actividad podrán percibir la prestación, ya que esta solo llegará a los que tengan protegida la cobertura por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En este sentido, estarán incluidos aquellos que obligatoriamente tienen que cotizar por dicho concepto: autónomos dependientes, es decir, para los que un solo cliente representa el 75% de sus ingresos, y los empleados en sectores de riesgo y con mayor siniestralidad. A estos se sumarán los autónomos que, voluntariamente, opten por cotizar por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Medio millón de personas
El Ejecutivo estima que actualmente hay algo más de medio millón de autónomos que cotizan por esta cobertura, en los que se incluyen 176.000 emprendedores del sector agrario, aunque, según señaló De la Vega, esperan que la cifra de potenciales beneficiarios aumente «pronto» hasta el millón, en cuanto se determinen las actividades de mayor riesgo de siniestralidad (previsiblemente transporte, construcción y algunas industriales) y se desarrollen los contratos de autónomos dependientes.
Entre las condiciones que se han establecido para percibir la prestación está que el trabajador pueda justificar un cese de actividad involuntario, que supone haber perdido un mínimo del 40% de su negocio. Igualmente, dentro de los 36 meses anteriores a la situación legal de cese del trabajo, deberán haber cotizado al menos 12 meses continuados e inmediatamente anteriores al paro. Un año de cotización dará derecho a dos meses de prestación, mientras que tres años permitirán cobrar esta paga el período máximo, es decir, seis meses.
Críticas
Las organizaciones de autónomos, ATA, UPTA y OPA, consideran acertada la propuesta del Ejecutivo, pero la han calificado unánimemente de «insuficiente» y confían en que durante su tramitación parlamentaria sea posible ampliar la duración del cobro de la prestación, que es su reivindicación principal.
Desde ATA, que ha iniciado ya una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios, también piden que se flexibilicen las condiciones de acceso a la prestación (ven excesivo el 40% de pérdida de negocio), ya que, por ejemplo, la morosidad, que golpea a los autónomos, no se incluye.