El presidente de la división internacional de General Motors (GM), Nick Reilly, dirigirá desde Shanghái -donde esa rama del negocio de la compañía tiene su sede- las actividades de Opel y Vauxhall en Europa. Será de forma provisional, hasta que la multinacional encuentre, fuera de la empresa, un nuevo consejero delegado para el Viejo Continente. Así lo aseguró ayer el fabricante estadounidense en un comunicado, después de que la semana pasada anunciase que el máximo directivo de Opel Europa, Carl-Peter Forster, dejaría la compañía, algo que se materializó el viernes.
En el comunicado, El consejero delegado de GM, Fritz Henderson, asegura que «con su extensa experiencia Nick está perfectamente preparado para liderar esta transición y trabajar para que la situación de la empresa se normalice lo antes posible».
Necesidades de liquidez
Según cálculos de la agencia de calificación Moody's, el fabricante automovilístico estadounidense necesita unos 5.700 millones de euros para sanear Opel, importe que supera ampliamente la cifra de 3.000 millones de euros que maneja la matriz.
Ayer, la canciller alemana, Angela Merkel, reiteró las críticas a General Motors, mientras su consejero delegado, Fritz Henderson, se reunía en Rüsselsheim con la dirección y los sindicatos de Opel. En su primera declaración de Gobierno de la nueva legislatura, Merkel afirmó que GM deberá pagar con su propio dinero el coste principal del saneamiento del fabricante europeo de automóviles. También acusó al grupo estadounidense de «no hacer justicia a su responsabilidad como matriz» y advirtió de que no será el contribuyente alemán quien asuma la carga principal del saneamiento.
El Gobierno germano le otorgó un un crédito puente de 1.500 millones para preservar la filial europea de la quiebra de su matriz, de los que solo se han utilizado 700 millones y que ahora tendrán que ser devueltos. De hecho, pocas horas después de que la canciller realizara estas declaraciones, el director financiero de GM Europa, Enrico Digirolamo, anunció un primer pago de 200 millones y declaró que está previsto devolver el resto antes del 30 de noviembre.