Industria trabaja para tener lista antes de que acabe el año una normativa exigida por la Unión Europea
21 sep 2009 . Actualizado a las 02:00 h.La adaptación de la ley del comercio interior de Galicia a la directiva europea, que la Xunta tiene que hacer antes de finales de diciembre, obligará a la Administración autonómica a suprimir la doble licencia -excepto por razones medioambientales, urbanísticas o de interés general- en la implantación de grandes superficies comerciales, con más de 2.500 metros cuadrados. Estos establecimientos quedarán sujetos en el casco urbano a los criterios del ayuntamiento correspondiente, pero precisarán en cambio autorización autonómica cuando se implanten en la periferia de las ciudades, ante el impacto urbanístico que representan. Con todo, la norma hace muy difícil la implantación de grandes superficies en los cascos históricos, al exigir plazas de aparcamiento según los metros de superficie útil, lo que encarecería mucho el proyecto, en lugares donde el metro cuadrado se paga a precios más altos que en la periferia.
Únicamente «están suxeitos a autorización autonómica a instalación, ampliación e traslado dos establecementos comerciais proxectados en actuacións de transformación urbanística, en solo urbano non consolidado ou en solo urbanizable, cuxa superficie útil de exposición e venda ao público sexa superior a 2.500 metros cuadrados, polo impacto territorial, urbanístico, viario e medioambiental xenerado», refleja el borrador del articulado que modifica la ley de 1988.
Por el contrario, no precisarán esta autorización los establecimientos individuales dedicados a exposición y venta de automóviles, embarcaciones u otros vehículos, maquinaria industrial o agrícola, o artículos de saneamiento que requieran un gran espacio físico. Tampoco quedarán concernidos por la autorización los mercados municipales y los denominados centros comerciales abiertos. Ni las ampliaciones de comercios de más de 2.500 metros, que supongan hasta un 30% de la superficie de venta inicial, si bien tendrán que informar a la consellería competente. Además, serán nulas de pleno derecho las licencias municipales de edificación y uso de suelo cuando se precisase autorización autonómica y fuesen otorgadas sin ella.
La adaptación de la ley del comercio a la norma europea presenta como novedad que «en el casco histórico ya no interviene la Xunta», según fuentes del Ejecutivo autónomo. Serán los propios ayuntamientos los que otorguen la licencia a las superficies de más de 2.500 metros cuadrados. «Aunque tengan 3.000 metros cuadrados», cuando surjan, por ejemplo, de reunir varias parcelas en el centro de la ciudad, corresponderá al ayuntamiento dar el visto bueno o no.
Será el Concello el que ordene su casco histórico, aunque, indirectamente, las condiciones que marca la ley hacen muy difícil que se puedan instalar grandes superficies en los centros urbanos. Por cada veinte metros cuadrados se exige una plaza de párking, lo que para una cadena media implicaría al menos habilitar un centenar de aparcamientos, extremo que encarecería notoriamente el proyecto.
«El problema radica en que las grandes superficies transforman la fisonomía de las ciudades y despueblan, con frecuencia, el centro», aseguran fuentes de la Consellería de Economía e Industria. El anteproyecto de ley para modificar la ley de comercio interior de Galicia, vigente desde 1988, abre la puerta a la instalación de los grandes establecimientos en el límite de la ciudad, pero bajo determinadas condiciones.
Cambio de modelo
¿Qué valorará la Xunta a la hora de conceder una licencia? Antes, la Administración miraba el número de habitantes, el tipo de comercio y cuántos de esta naturaleza había en una determinada población. La adaptación a la directiva europea impide este planteamiento y orienta el foco de interés hacia factores de urbanización, como la obligación del ayuntamiento de regular el suelo, porque hasta ahora esos terrenos se denominaban de uso terciario, con carácter general, con lo que en parques industriales encajaba el uso comercial. La Xunta, al conceder la autorización en la periferia, valorará si hay transporte público y viales adecuados. Puntuará también la edificabilidad, consumo del edificio, generación de residuos y existencia de ludotecas o salas de lactancia.