Industria amplía el plazo para que el sector opine sobre el nuevo texto y dice estar abierta a sugerencias
04 sep 2009 . Actualizado a las 02:00 h.La Xunta decidió esgrimir ayer el discurso de la solidaridad en tiempos de crisis para explicar su decisión de gravar con un canon la generación de energía eólica en Galicia. El presidente del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijoo, defendió que las empresas del sector deben ser solidarias con las haciendas de los municipios en los que instalan parques eólicos, como una medida alternativa al aumento de la carga fiscal para todos los ciudadanos. «É moito mellor que determinadas actividades que xeran moitos beneficios sexan solidarias coa facenda de todos, e non que os cidadáns vexan incrementados os seus impostos», argumentó el presidente. Núñez Feijoo admitió que entiende que «ninguén quere pagar o que ata agora non pagou», en alusión a la reticencia del sector, pero reiteró que su Gobierno tiene tomada la decisión política de aplicar el canon «non para uns parques, senón para todos».
Respecto al hecho de que Industria no haya cumplido los plazos anunciados, y esté estudiando modificaciones sustanciales en el nuevo modelo eólico, Feijoo manifestó que la Xunta está cumpliendo «taxativamente» la hoja de ruta que trazó para que el proyecto de ley llegue al Parlamento en tiempo y forma. En ese sentido, aseveró que el borrador está ahora en fase de alegaciones para su envío posterior al Consello Económico e Social, que emitirá un informe previo a la aprobación del proyecto legislativo por la Xunta.
El jefe del Ejecutivo subrayó que el Gobierno está escuchando las propuestas del sector para finalizar con el mayor éxito las dos decisiones adoptadas en este ámbito, es decir, la suspensión del reparto que realizó el bipartito, por lo que consideró «vicios de ilegalidade», y la propia implantación del canon que gravará la instalación de los aerogeneradores.
Por su parte, la Consellería de Industria anunció que se ha ampliado el plazo establecido inicialmente para la presentación de alegaciones, «en atención ás peticións do sector e en aras da colaboración establecida con todos os implicados no proceso». Respecto a la posibilidad de modificar aspectos sustanciales en el borrador de la ley, el departamento que dirige Javier Guerra explicó que mantiene «unha actitude receptiva ás suxerencias que se poidan realizar dende os sectores implicados». No obstante, la consellería insistió en que «a inclusión do canon» es «unha aposta firme desta Administración». Por último , Industria recordó que «o anterior Executivo galego tardou tres anos en aprobar un decreto ilegal para a regulación da enerxía eólica».
Mientras tanto, el sector se está organizando para alegar contra el canon, y la oposición al mismo ya trasciende el ámbito gallego. Esta mañana se reunirá en Madrid la asamblea de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la patronal que agrupa a las doscientas principales empresas del sector, y en la misma se aprobará la elaboración de un documento de alegaciones contra el anteproyecto de la Consellería de Industria.
En el borrador de las alegaciones, al que tuvo acceso La Voz, se estima que la aplicación del impuesto sobre instalaciones en funcionamiento supone «una grave infracción de constitucionalidad», debido a que traspasa «los límites del ejercicio de potestad tributaria de las comunidades autónomas», y al hecho de que se pretenda aplicar con carácter retroactivo, tanto a los parques nuevos como a los ya existentes.
Contradicciones, según la AEE
El pliego de descargos lamenta que el canon se haya planteado «como un mecanismo estrictamente sustitutorio»?de la participación pública prevista por el decreto del BNG, «más que como una realidad en sí misma». Además, destaca la «contradicción» que supone que la Xunta quiera cobrar un impuesto medioambiental por instalar molinos, cuando «la legislación tributaria básica del Estado, con la misma finalidad de protección del medio ambiente, establece una deducción tributaria por estas inversiones en el impuesto sobre sociedades».
Esta contradicción es, según las operadoras, «injustificable», si se tiene en cuenta que el canon solo se aplica a la eólica, «y no a las instalaciones de producción de electricidad susceptibles de contaminación». En este sentido, recuerdan, los parques eólicos ya tienen que superar una declaración de impacto medioambiental, «razón que en sí misma excluye por su propia definición de la existencia de impacto o afección medioambiental a todos los proyectos».