«Gracias al esfuerzo de la Generalitat y Bancaja, el Valencia se ha salvado de descender de categoría a la Segunda B». De esa forma tan expresiva Manuel Llorente, presidente de ese club de fútbol levantino, agradecía el domingo el crédito de 74 millones de euros concedido por Bancaja y avalado por el Gobierno de Francisco Camps. Esa cantidad se suma a los 240 millones que ya tenía concedidos el Valencia por la misma entidad financiera, su principal acreedor.
No han trascendido las condiciones del nuevo crédito, pero lo cierto es que mientras Bancaja amplía la financiación a una entidad deportiva, mantiene una política de restricción del crédito a particulares. En diciembre del 2008 su cartera de préstamos superaba los 85.500 millones de euros; seis meses después, esa cantidad ha decrecido en 1.254 millones; un 1,47% menos.
La entidad justifica ese descenso en la caída de la demanda y asegura que mantiene una «política de crecimiento selectivo, basada en la calidad y en la rentabilidad». Esa práctica le ha permitido reducir ligeramente su ratio de morosidad, que bajó tres décimas de marzo a junio, hasta quedarse en el 4,90%; es decir, de cada cien préstamos, casi cinco son de dudoso cobro. Pero es la quinta caja (sobre 45) con el indicador más alto de cuantas han presentado esa ratio al cierre del primer semestre.
La concesión del crédito avalado por el presidente Francisco Camps coincide con el inicio del proceso electoral en Bancaja, que finalizará en enero. Para entonces se habrá renovado a la mitad de su asamblea y de su consejo de administración. Se da por segura la continuidad de su presidente, José Luis Olivas, un hombre del PP que fue precisamente el antecesor de Camps al frente de la Generalitat, entre el 2002 y el 2003. Tras salir de ese puesto provisional, llegó a la presidencia de la tercera caja española en enero del 2004.
No es el único caso de préstamos recientes al mundo del fútbol. Otra entidad fuertemente politizada, Caja Madrid, financió parte del fichaje multimillonario de Cristiano Ronaldo con 76,6 millones de euros y dos años sin pagar un euro.
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