El PP denuncia que el incremento fiscal afectará a las «clases medias, que son las auténticas pagadoras»
21 ago 2009 . Actualizado a las 09:22 h.Si el descontento social y las críticas que las restricciones de la nueva prestación de 420 euros han levantado obligaron a Zapatero a anunciar la ampliación de la medida, con el objetivo de que dé cobertura a un mayor número de desempleados sin recursos, precisamente el coste que esa ampliación tendría para las extenuadas arcas públicas ha puesto sobre la mesa la inminencia de una subida de impuestos.
Fue el ministro de Fomento, José Blanco, quien en una entrevista radiofónica sostuvo que «si es necesario elevar determinados tipos impositivos de las personas que tienen más renta para garantizar políticas sociales o inversiones públicas, habrá que hacerlo», y añadió que estaba «seguro de que la sociedad lo va a entender». Aunque a renglón seguido puntualizó que sus palabras sobre esa posible subida fiscal eran solo «una reflexión», lo cierto que es que todo apunta a que los próximos Presupuestos Generales del Estado incluirán modificaciones impositivas.
La reacción desde las filas del PP fue inmediata, ya que su portavoz de Economía en el Congreso, Cristóbal Montoro, afirmó que cuando el Ejecutivo anuncia una subida de impuestos «siempre piensa en subirlos a las clases medias, que son las auténticas pagadoras».
Revisando todo el marco fiscal
Desde el Ministerio de Economía ayer confirmaron que a nivel interno se estaba revisando «la totalidad del marco fiscal», como en su día la titular del departamento, Elena Salgado, había anunciado que se haría. «Se están estudiando posibles ajustes, como subir algún impuesto puntual, bajar otros o, simplemente, no tocar nada», señalaron las fuentes consultadas, aunque será en las próximas semanas (septiembre, con carácter previo a la presentación del Presupuesto para el 2010) cuando «se tomará la decisión que corresponda».
Pero las declaraciones de Blanco definen la pauta que, previsiblemente, seguirá el Gobierno. «Soy partidario de ayudar a los que más lo necesitan, y si para ello los que tienen más recursos tienen que apretarse el cinturón, habrá que decirlo con claridad a la sociedad», insistió. También criticó al Partido Popular, diciendo que «no es posible mantener su política de engaño masivo», que dice que «se puede hacer todo, bajando los impuestos y recortando gasto público». Subrayó que «no es posible», porque «si estamos pensando en ampliar la cobertura estamos hablando de las arcas del Estado y los recursos son limitados».
El mismo mensaje lanzó el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, en una entrevista, cifrando en cien millones de euros el coste extra que supondría la medida de los 420 euros por cada mes que se amplíe su retroactividad. El Ejecutivo había presupuestado en 620 millones la nueva prestación, de seis meses de vigencia, y Corbacho reconoció que «el presupuesto tiene un margen corto».