El BNG pide a la Xunta que no acuse sin contenido y que aclare de una vez dónde está la inseguridad jurídica
21 jul 2009 . Actualizado a las 02:00 h.La posible derogación por parte de la Xunta del PP del concurso eólico promovido por el bipartito reapareció ayer en el ámbito político de Galicia con la fuerza de un huracán. El propio Feijoo, presidente del Ejecutivo gallego, confirmó desde A Coruña que la asesoría jurídica de la Administración autonómica, como órgano competente, está estudiando la legalidad de las concesiones que fueron otorgadas por el Bloque, con el visto bueno de Touriño, que dio luz verde al decreto en el Consello de la Xunta. Feijoo fue más allá y precisó que, ahora mismo, está a punto de concluirse el informe sobre los más de 50 recursos presentados y anunció que, en la próximas semanas, tendrán el dictamen definitivo de legalidad sobre la aprobación inicial y sobre la admisión provisional de nuevas concesiones.
«O único criterio que hai é cumprir coa legalidade e cos intereses xerais de Galicia», advirtió el presidente. En términos análogos se habían pronunciado poco antes Alfonso Rueda, conselleiro de Presidencia, y Bernardo Tahoces, director xeral de Enerxía. El cuerpo jurídico de la Xunta estudia una fórmula l que permita al Gobierno gallego derogar el decreto con el menor coste posible porque ha hallado en los más de 50 recursos presentados indicios de peso para tumbar las concesiones que hizo el Bloque.
Duras críticas
La posible derogación desató un terremoto político en Santiago. Abel Losada, diputado socialista y portavoz del PSdeG en la comisión de Industria, acusó a Feijoo de diseñar una política para justificar ante la sociedad gallega una campaña electoral sucia. Según el principal partido de la oposición, la posible anulación del concurso busca también defender unos intereses económicos concretos. Losada, que no precisó a qué empresarios o grupos se refería con este argumento, sostuvo que si se revisa el concurso será para darle la adjudicación a otros. «Supongo que a intereses económicos que se vieron perjudicados», apuntó. Losada explicó que, durante la pasada legislatura, las consellerías socialistas hicieron apreciaciones sobre puntos y contenidos del decreto, pero recordó que la norma fue aprobada por el Consello de la Xunta. «La estrategia del PP sirve para crear inseguridad jurídica, para que los adjudicatarios pierdan las primas y para que tengan problemas para lograr financiación».
Globo sonda
Henrique Viéitez, portavoz de Industria del BNG en el Parlamento, pidió ayer a la Xunta que deje de lanzar enunciados carentes de contenido y explique «dunha vez onde están as eivas xurídicas». Según el diputado nacionalista, no existen tales problemas, y la Xunta ha lanzado ahora el globo para sondear el impacto de una posible derogación. «A Xunta non está gobernando e está supeditada a unha estratexia do PP que está a hipotecar o futuro dun sector estratéxico para o país. ¿Se se cargan o decreto quen se vai presentar?», argumentó el diputado nacionalista.