La central nacionalista sigue adelante con el conflicto del metal, que suma ya cuatro meses de desavenencias
03 jul 2009 . Actualizado a las 12:37 h.La CIG se quedó ayer sola en la huelga del sector del metal de la provincia de Pontevedra, que acumula ya cerca de cuatro meses de desavenencias entre sindicatos y patronal a la hora de firmar el convenio colectivo que afecta a 25.000 trabajadores y a unas 2.200 empresas. Ayer, los representantes de los trabajadores no lograron ponerse de acuerdo sobre si seguir adelante con la huelga o desconvocarla. UGT mostró una clara oposición a proseguir con los paros, la CIG mantuvo una postura diametralmente opuesta, y CC.OO. intentó erigirse en árbitro para tratar de alcanzar el consenso.
Finalmente, a última hora de la noche, la central nacionalista optó por mantener la huelga, UGT ratificó que se desmarca de las acciones, y CC.OO. eludió definirse de forma oficial, si bien ya no participará en los actos previstos para hoy. La asamblea informativa celebrada por la mañana en la Praza do Rei de Vigo, en la que participaron unos mil trabajadores y de la que estuvo ausente UGT, decidió trasladar la protesta a Marín y a Pontevedra, tal y como ocurrió con la peregrinación hasta Santiago de Compostela, adonde llegaron los operarios del metal tras cubrir unos 60 kilómetros a pie desde Pontevedra. La salida en autobús está prevista para hoy a las diez de la mañana desde la plaza de O Rei. Pero a la cita ya solo acudirá la CIG.
Con todo, los sindicatos permitirán a partir de hoy que diversas empresas auxiliares del sector del metal que prestan sus servicios en los astilleros trabajen con normalidad de cara a completar las tareas atascadas desde hace semanas como consecuencia directa del conflicto. Así completarían buques de valor multimillonario que deben ser botados o terminados de forma urgente, a riesgo de que si no se finalizan los trabajos previstos para este mes de julio, los astilleros incurrirán en penalizaciones económicas y no recibirán, por tanto, los ingresos correspondientes a cada fase constructiva.
Un extremo pactado en los contratos firmados con los armadores. Del total de trabajadores directamente vinculados a los astilleros, unos 4.000 son operarios de empresas auxiliares, y otros mil corresponden a la plantilla propia de las factorías navales. Cada día de retraso supone unos 15.000 euros de penalización.
«Entrarán a traballar as empresas que teñan que entrar para terminar eses traballos, porque estiveron con nós desde o principio do conflito, pero ninguén máis», afirmó Antolín Alcántara, dirigente de la CIG.
Los representantes de los astilleros Armada, Armón, Cardama, C.N.P. Freire, Factorías Vulcano, Hijos de J. Barreras, M. Cíes y Metalships & Docks y Factoría Naval de Marín hicieron ayer un nuevo llamamiento a los empleados para que se reincorporen a sus puestos de trabajo «como medida para garantizar la normalidad en la producción y el mantenimiento de los puestos de trabajo».
Los portavoces empresariales afirmaron que «bajo ningún concepto los astilleros están dispuestos a interferir en la negociación, sino que deben ser las partes intervinientes las que busquen una solución al conflicto». Añadieron que no aceptan que la salida de la crisis «pase por asumir los pluses específicos para el sector naval que pretenden los representantes sindicales, ya que ello nos abocaría a una pérdida evidente de la competitividad, algo imposible de asumir».
La decisión de desconvocar el paro de forma unánime, según los propios sindicatos, estaba condicionada no tanto por el resquebrajamiento de la huelga indefinida ?cada día son más los operarios que se suman al trabajo?, sino por la intención de impedir el despido, por los efectos colaterales de la huelga, de obreros de empresas que no están vinculadas al metal, pero que sí trabajan en actividades necesarias para la conclusión de los buques.