El Gobierno tiene la obligación de «impulsar el diálogo social para abordar las reformas estructurales del mercado laboral que precisa la economía española en el contexto europeo», según una resolución del Congreso. El mandato, planteado por CiU, salió adelante con los votos del PSOE dentro del paquete de medidas adoptadas tras el debate del estado de la nación y es similar a otro presentado también por el grupo catalán que recibió el visto bueno de los socialistas, pero que no prosperó por los reproches, críticas y descalificaciones lanzadas desde IU, CC.?OO. y UGT.
La resolución retirada apostaba por «impulsar un acuerdo social» que permitiera «hacer frente a los problemas estructurales del mercado de trabajo», entre otros, la negociación colectiva y las políticas activas y pasivas, junto al «papel» que podían desempeñar en ellas «el sector privado y la ampliación de la cobertura de desempleo». Entonces, Gaspar Llamazares insistió en que no apoyaría ninguna propuesta socialista si se mantenía la resolución de CiU.
Tanto IU como CC.?OO. y UGT vieron en ese texto «la mano» de determinados políticos para abrir la puerta a la reforma laboral que pretende CEOE y, sobre todo, para dar luz verde a las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro, uno de los temas más perseguidos por los diputados catalanes.