El nuevo marco regulatorio del sector eólico ha puesto sobre alerta a las empresas, que ven peligrar sus primas (probablemente recortadas a partir del 2010) y que temen que la pasividad de las comunidades a la hora de planificar y autorizar los nuevos megavatios los deje sin opciones de acceder a las ayudas oficiales.
La Asociación Empresarial Eólica le ha pedido al Gobierno «un mayor nivel de diálogo en la definición del marco regulatorio que va a afectar al sector en los próximos años».
La polémica nació con el real decreto ley sobre el déficit tarifario publicado el pasado 7 de mayo. La norma crea un registro de preasignación para las energías renovables para evitar que se superen los objetivos establecidos en el Plan de Energías Renovables 2005-2010 (PER) para las distintas tecnologías. Por un lado, el registro representa una garantía de que las instalaciones que entren dentro de los objetivos del PER -20.155 MW en España hasta eL 2010- percibirán la retribución prevista bajo el RD 661/2007, lo que supone una noticia positiva para el sector. Pero, por otro lado, la tramitación será a partir de ahora más compleja.
Las instalaciones serán inscritas por orden cronológico (según la antigüedad de los documentos), hasta que sea cubierto el objetivo de potencia de 20.155 MW. Si los inscritos no superan la potencia objetivo, el régimen económico del RD 661/2007 se extenderá hasta agotar los cupos. Si la superan, el Ministerio de Industria podrá establecer restricciones anuales a la ejecución y entrada en operación de las instalaciones.